El hallazgo, consistente en ocho países analizados, incluyendo a Argentina, muestra que una clara mayoría de las personas prefiere que la responsabilidad de las políticas de contenido recaiga en las propias empresas —ya sean redes sociales, motores de búsqueda o aplicaciones de mensajería— antes que en los gobiernos nacionales.
En todos los países, entre el 51% y el 70% de las personas opina que estas plataformas deben tener mayor responsabilidad sobre sus propias políticas de contenido que los gobiernos. Esta apertura a la intervención gubernamental sigue siendo una posición minoritaria en todos los grupos demográficos y políticos.
No obstante, esta preferencia por la autorregulación privada viene acompañada de un mandato público claro: las plataformas deben rendir cuentas por los contenidos problemáticos. Una mayoría rotunda en todos los países está a favor de que las plataformas sean responsables de mostrar información potencialmente falsa o engañosa publicada por sus usuarios.
Por ejemplo, entre el 56% y el 76% de las personas en todos los grupos encuestados piensan que las plataformas deberían ser consideradas más responsables.
El caso excepcional de la IA generativa
La única excepción notable a la preferencia por la autorregulación de las plataformas es la Inteligencia Artificial (IA) Generativa. Para esta tecnología más reciente, la opinión está más dividida: solo el 48% cree que las plataformas de IA deberían tener la responsabilidad principal, mientras que un 39% considera que los gobiernos nacionales deberían tener un papel más activo.
Esta diferencia puede deberse a la novedad de la tecnología y a las preocupaciones elevadas que genera en torno a la difusión de información política falsa.
La necesaria discusión público-privada para una regulación eficaz
A pesar de que el público no pide una regulación directa por parte del Estado para la mayoría de las plataformas, sí exige una mayor atención por parte de los formuladores de políticas.
En promedio, más de un tercio de los encuestados siente que temas como la desinformación (39%), el uso indebido de la IA generativa (38%) y el manejo de datos personales (36%) por parte de las empresas tecnológicas reciben muy poca atención por parte de los responsables políticos.
Este panorama subraya la necesidad de un enfoque de gobernanza colaborativa. Para que la regulación del espacio público digital sea eficiente y creíble, se requiere un trabajo conjunto entre gobiernos y empresas de plataformas.
Los académicos argumentan que abordar estos desafíos exige pasar de un modelo de responsabilidad de un solo actor a un enfoque compartido, que involucre plataformas, usuarios e instituciones públicas. La voz del público, que utiliza estas plataformas a diario y vota por sus representantes, debe ser un factor central en estas discusiones.
El valor de los medios de comunicación tradicionales
En este contexto, es importante revalorar los medios de comunicación tradicionales como fuentes válidas de información. Contrario a la noción de que las plataformas han reemplazado a los medios tradicionales, la realidad es que el uso de ambos está profundamente entrelazado, no es una elección de uno u otro.
• Las noticias en sitios web y aplicaciones online (59%) y la televisión (57%) siguen siendo fuentes de noticias más utilizadas para información política que cualquier tipo de plataforma digital individual.
• La mayoría de los encuestados (entre el 52% y el 82%) obtiene sus noticias e información política tanto de las plataformas como de los medios de comunicación online/offline. Esto ocurre, en parte, porque las plataformas alojan contenido proveniente de los propios medios de comunicación.
• Las personas que utilizan plataformas para informarse sobre política son, de hecho, más propensas a consumir noticias online de marcas de radio, televisión o prensa escrita.