Privatización de las represas del Comahue: se presentaron nueve empresas y el Gobierno busca recaudar hasta US$ 700 millones

El paso clave: apertura de sobres y nueve oferentes

El Gobierno nacional dio un paso decisivo en el proceso de privatización de las represas del Comahue. Se abrió la licitación para los complejos Alicurá, El Chocón–Arroyito, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicados en Neuquén y Río Negro, que en conjunto aportan cerca del 15 % de la generación eléctrica del país.

El proceso contempla la venta del 100 % del paquete accionario de las sociedades concesionarias que hoy administran las represas.

Durante el llamado, se presentaron nueve empresas nacionales e internacionales que entregaron 27 ofertas para participar de la licitación. Entre las interesadas figuran Enel Argentina, AES Generación, Central Puerto, Pampa Energía, Hidroeléctrica Futaleufú, Edison Inversiones, Central Costanera, IPS Renewal y BML Inversora.

Según estimaciones oficiales, el Estado podría recaudar entre US$ 500 y 700 millones.

Condiciones del pliego

Los pliegos licitatorios, publicados por la Secretaría de Energía, establecen que:

• La concesión será por 30 años.

• Durante los dos primeros años, los nuevos operadores deberán vender el 95 % de la energía generada al mercado regulado, con precios definidos por el Estado.

• Las provincias de Neuquén y Río Negro lograron incluir un canon del 1 % por uso del agua de los ríos Limay y Neuquén.

Contexto y debate político

El Gobierno presenta la operación como una modernización del sistema energético y una vía para atraer capitales, liberar al Estado de funciones operativas y reforzar las reservas fiscales.  Sin embargo, la medida no está exenta de controversia.

Los gobiernos provinciales reclaman mayor participación y capacidad de control sobre los recursos hídricos. Diversos sectores advierten que una privatización sin garantías adecuadas podría derivar en pérdida de soberanía energética, aumento de tarifas y menor control estatal sobre activos estratégicos.

La rapidez del proceso también generó críticas en el ámbito político y sindical, que cuestionan la falta de debate público antes de avanzar con la venta.

Un cambio estructural para el sistema energético

De concretarse, esta privatización modificará el mapa energético argentino: el Estado pasará de ser operador directo a regulador de las principales represas patagónicas.

El desafío será que el traspaso, presentado como un paso hacia la eficiencia y la inversión, no derive en mayor concentración privada ni en un deterioro del acceso equitativo a la energía.