El mercado ya descuenta que este movimiento podría traducirse en una baja que oscilaría entre el 30% y el 40% en los precios al público.

El cambio es significativo porque altera por completo la estructura tributaria que venía encareciendo desde hace años los teléfonos fabricados fuera del país. Según el decreto publicado en el Boletín Oficial, el Derecho de Importación Extrazona (DIE) para los smartphones —que hoy es del 8%— pasará a 0%, y eso se complementa con la reducción del impuesto interno del 19% al 9,5%.
La decisión llega en un contexto de fuerte incremento en las importaciones tecnológicas. Solo en 2025, los ingresos de celulares y computadoras crecieron por encima del 150% interanual, impulsados principalmente por fabricantes asiáticos. La brecha de precios respecto de otros países de la región se había vuelto demasiado amplia y la presión por una apertura más profunda venía acumulándose entre consumidores e importadores.

Las estimaciones que circulan dentro del sector se apoyan en un cálculo relativamente claro: si desaparece el arancel y se reduce a la mitad el impuesto interno, el costo de nacionalización baja de manera directa. A eso se suma otro factor clave: muchos importadores están frenando la nacionalización de mercadería para hacerlo recién después del 15 de enero, cuando la nueva estructura impositiva esté vigente. Ese comportamiento anticipa una avalancha de productos importados apenas comience 2026.
Para los consumidores, el impacto podría sentirse rápido. Una caída del 30% al 40% reconfigura por completo el rango de precios de la gama media y premium, acercando el mercado local a valores más parecidos a los de Chile, Uruguay o incluso Brasil. Equipos de alta gama que hoy resultan inaccesibles podrían ubicarse en niveles más competitivos, especialmente en un año donde la nueva generación de dispositivos incorpora funciones avanzadas de IA, cámaras de mayor definición y conectividad 5G mejorada.

No todos celebran este escenario. Las fábricas radicadas en Tierra del Fuego ya expresaron su preocupación por la pérdida de competitividad frente a productos importados más económicos. Algunos industriales sostienen que el cambio los deja en desventaja estructural y cuestionan que la apertura no venga acompañada de condiciones equivalentes.
También aparecen dudas razonables sobre la magnitud real de la baja. Suponer que todo el ahorro se trasladará al precio final puede ser un exceso de optimismo. La cadena comercial, los costos logísticos, la evolución del tipo de cambio y la política de precios de las marcas globales pueden moderar o acelerar el impacto. Dicho esto, desde el sector coinciden en que el marco regulatorio habilita caídas relevantes, especialmente durante el primer trimestre de 2026.
Lo que sigue es un período de transición: importadores que esperan, consumidores que frenan compras, retailers que planifican sus estrategias y un ecosistema tecnológico que empieza a reacomodarse a una oferta más amplia, más rápida y mucho más competitiva.
Si todo avanza como está previsto, 2026 podría marcar un punto de inflexión en el acceso a la tecnología móvil en Argentina, y este decreto es la pieza central de ese giro.