La medida y su objetivo
El gobierno de Javier Milei, a través del ministro de Economía Luis Caputo, decretó a fines de septiembre un esquema de retenciones cero para granos y subproductos. La condición era clara: los exportadores debían registrar Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE) hasta alcanzar un tope de US$ 7.000 millones, con plazo de vigencia hasta el 31 de octubre de 2025.
En teoría, esto buscaba incentivar la liquidación de divisas y mejorar el precio al productor. Sin embargo, en la práctica, los principales beneficiados fueron las grandes cerealeras.
El beneficio concentrado
En apenas tres días, el cupo quedó agotado por unas once exportadoras: Bunge, LDC, Cofco, Viterra, Cargill, Molinos, AGD, CHS, Amaggi, ACA y ADM. Estas empresas anotaron ventas proyectadas, incluso sin tener la mercadería física en mano, asegurándose la ventaja impositiva.
Según estimaciones, el Estado dejó de recaudar US$ 1.500 millones, un beneficio concentrado en este reducido grupo de compañías.
El enojo de los productores
Los productores primarios quedaron al margen:
No pudieron registrar sus granos a retenciones cero.
Deben venderles a las cerealeras con las retenciones ya restablecidas.
El beneficio “se lo llevaron de prepo” los grandes jugadores del mercado.
Dirigentes rurales calificaron la medida como un “negocio exprés para diez tipos” que agravó la relación entre el gobierno y el campo.
Impacto en la nueva cosecha
El episodio deja huellas que condicionan la próxima campaña:
Desconfianza hacia medidas transitorias sin llegada al productor.
Distorsión de precios: las cerealeras comprarán granos con retenciones mientras mantienen ventajas fiscales en sus ventas externas.
Tensión financiera para productores que habían retenido granos esperando un mejor escenario.
Dependencia de pocos jugadores en el comercio exterior, que concentra aún más el poder de negociación.
El costado tecnológico del problema
La polémica pone en evidencia la falta de herramientas digitales de transparencia en el sistema agroexportador argentino:
Trazabilidad digital de DJVE → Con blockchain o plataformas abiertas, podría saberse en tiempo real qué actores registran exportaciones y cuánta mercadería tienen realmente.
Plataformas de trading agrícola descentralizado → Podrían permitir que más productores accedan directamente al beneficio de políticas impositivas, sin pasar por intermediarios.
IA para monitoreo de cosechas y stock → Evitaría declaraciones adelantadas de ventas sin respaldo en granos reales.
De no avanzar en esta digitalización, el riesgo es que las medidas fiscales terminen capturadas por pocos actores, mientras los productores quedan desprotegidos.
Lo que nació como un incentivo para el campo terminó convertido en un negocio concentrado para las grandes cerealeras. El enojo de los productores y el impacto en la nueva cosecha muestran que la política de retenciones cero de Caputo no cumplió sus objetivos.
En paralelo, el episodio abre una discusión clave: si Argentina quiere un agro más competitivo y equitativo, necesita incorporar tecnología en la trazabilidad y la transparencia de sus políticas agrícolas.