Hackeo a Mi Argentina: qué pasó, qué datos se filtraron y qué riesgos implica
En una nueva alerta sobre la ciberseguridad del Estado argentino, el Gobierno confirmó esta semana que la app Mi Argentina fue víctima de un hackeo masivo. La filtración afectó potencialmente a millones de ciudadanos que utilizan esta plataforma para acceder a documentación digital como DNI, licencias de conducir, credenciales de vacunación, entre otros servicios.
Si bien todavía se investigan las dimensiones exactas del ataque, especialistas en ciberseguridad advierten que se trata de uno de los incidentes más graves registrados en plataformas digitales oficiales en los últimos años.
¿Qué es Mi Argentina?
Mi Argentina es la plataforma unificada del Estado Nacional que funciona como “perfil digital ciudadano”.
A través de ella, los usuarios pueden:
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Consultar sus datos personales, trámites, beneficios y turnos.
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Descargar credenciales oficiales (DNI, licencia de conducir, CUIL, vacunación).
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Acceder a la historia clínica digital.
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Gestionar servicios de ANSES, PAMI, AFIP y otros organismos públicos.
Con más de 30 millones de usuarios registrados, es una de las plataformas gubernamentales más utilizadas del país.
¿Qué se sabe del hackeo?
El ataque fue revelado inicialmente por usuarios de foros de ciberseguridad que detectaron la venta de una base de datos supuestamente vinculada a Mi Argentina. Posteriormente, la Secretaría de Innovación Pública confirmó el incidente y afirmó que:
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Se produjo un acceso no autorizado a los servidores de autenticación.
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Se comprometieron datos personales como nombre completo, DNI, dirección, fecha de nacimiento, y estado civil.
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No se habría accedido a documentos digitales ni se habría modificado información médica o judicial.
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Se inició una investigación conjunta con la Dirección Nacional de Ciberseguridad y la Agencia de Acceso a la Información Pública.
¿Qué riesgos implica para los usuarios?
El acceso a datos personales a gran escala aumenta la posibilidad de fraudes, suplantación de identidad y ataques de ingeniería social. Por ejemplo:
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Envío de correos o mensajes falsos suplantando a organismos oficiales (phishing).
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Creación de perfiles falsos para solicitar créditos, registrarse en billeteras virtuales o realizar operaciones financieras.
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Uso indebido de información privada para extorsión o manipulación.
Expertos recomiendan estar atentos a comunicaciones sospechosas, reforzar contraseñas y activar el doble factor de autenticación en todas las apps posibles.
¿Qué medidas debería tomar el Estado?
El incidente pone de relieve la fragilidad de los sistemas públicos frente a ataques crecientes, y reabre el debate sobre:
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La falta de protocolos de respuesta rápida ante brechas.
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La subinversión en infraestructura crítica de ciberseguridad.
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La necesidad de una ley moderna de protección de datos personales, con mayor capacidad sancionatoria y transparencia.
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La obligación del Estado de comunicar con precisión y prontitud los incidentes para evitar rumores y desinformación.
El hackeo a Mi Argentina no es solo un hecho técnico: es una vulneración directa de la confianza digital entre el Estado y la ciudadanía. En un contexto donde cada vez más trámites se digitalizan, la ciberseguridad no puede seguir siendo una preocupación secundaria o delegada.
La transformación digital del Estado necesita inversión, talento y, sobre todo, responsabilidad con los datos de millones de personas.
