Argentina frente al robo de celulares: avances significativos, pero con trabas legislativas
Argentina ha dado pasos firmes en la lucha contra el robo de celulares, pero aún enfrenta obstáculos legislativos que limitan el impacto de estas medidas.
Con herramientas como la *línea 910 y el bloqueo por IMEI, el país ha logrado avances concretos, aunque la falta de una ley nacional integral y el estancamiento de proyectos legislativos frenan un combate más efectivo contra este delito.
Avances en la lucha contra el robo de celulares
Desde mayo de 2025, la *línea gratuita 910 permite denunciar el robo o extravío y bloquear al instante la línea y el dispositivo mediante el código IMEI. Según Patricia Bullrich, esta herramienta convierte los equipos robados en “un pedazo de madera” sin valor de reventa, desincentivando el mercado negro.
La resolución 2459/2016 de ENACOM obliga a las operadoras a incluir los IMEI denunciados en una “lista negra”actualizada varias veces al día. Reforzada en octubre de 2023, garantiza que los celulares robados queden inhabilitados en todas las redes. Operativos como el de febrero de 2024, con más de 1.000 dispositivos robados secuestrados en el microcentro porteño, demuestran aplicación efectiva de la normativa.
Obstáculos que persisten
Argentina carece de una ley nacional que imponga el bloqueo irreversible de celulares robados, incluso tras cambio de chip o reinicio de fábrica. Solo existen resoluciones administrativas, a diferencia de Chile o México, que cuentan con marcos legales más robustos.
Proyectos legislativos clave —como el registro obligatorio de compradores e IMEI o el bloqueo automático— no se convirtieron en ley. Tampoco hay normativas que obliguen a fabricantes a incluir tecnologías antirrobo como geolocalización, autenticación biométrica o kill switch.
El acceso también es un problema: si el usuario no conoce su IMEI o no tiene la factura, bloquear el equipo se complica, reduciendo la efectividad del sistema.
Recomendaciones y futuro
Expertos proponen convertir las resoluciones en leyes con fuerza normativa, crear un registro obligatorio al momento de la compra, establecer bloqueos irreversibles y exigir funciones antirrobo en todos los dispositivos. También se sugiere mayor difusión para educar sobre el IMEI y los pasos tras un robo.
La implementación de tecnologías avanzadas como blockchain para trazabilidad o kill switches obligatorios podría fortalecer el sistema, pero requiere consenso legislativo y coordinación entre gobierno, operadoras y fabricantes.
Argentina cuenta con herramientas clave como el *910 y el bloqueo por IMEI, pero la ausencia de legislación integral y la falta de exigencias a fabricantes limitan su alcance. Leyes claras, un registro nacional robusto y educación ciudadana son esenciales para cerrar la brecha y alcanzar una solución definitiva.
