¿Por qué la Legislatura no avanza en blockchain para simplificar los alquileres?

¿Por qué no se discute una tecnología que podría simplificar la vida de inquilinos, propietarios y el Estado?

Mientras que grandes ciudades como Dubai o Barcelona exploran la aplicación de tecnologías disruptivas en la gestión pública, la Legislatura porteña sigue sin avanzar en una de las herramientas más prometedoras para modernizar el sistema de alquileres: la tecnología blockchain.

En un contexto donde los contratos se vuelven cada vez más complejos, costosos y sujetos a conflictos, blockchain se presenta como una solución concreta para mejorar la transparencia, la eficiencia y la seguridad. Sin embargo, en lugar de abrir el debate o impulsar pruebas piloto, el oficialismo y la oposición porteña mantienen el tema fuera de agenda.

¿Qué puede aportar blockchain al mercado de alquileres?

La blockchain —una red descentralizada, pública y segura— permite registrar contratos y transacciones de manera inalterable. Aplicada a los alquileres, representa una revolución silenciosa con múltiples beneficios:

Transparencia total sin intermediarios innecesarios: Cada contrato registrado en la blockchain es accesible, verificable y no puede ser modificado sin el consentimiento de ambas partes. Esto previene fraudes y malentendidos, y garantiza que todos conozcan y respeten los términos acordados.

Protección de datos sensibles y seguridad jurídica: La tecnología ofrece un nivel de encriptación y descentralización que blinda la información de los contratos: montos, fechas, condiciones, garantías. A diferencia de los documentos en papel o en sistemas cerrados, los datos no pueden ser borrados ni alterados.

Smart contracts: Los contratos inteligentes automatizan acciones como transferencia de alquileres mensuales, devolución del depósito si no hay daños, penalidades por incumplimientos. Esto reduce la intervención humana, elimina tiempos muertos y disminuye los costos legales.

Digitalización y ahorro en costos burocráticos: Firmar, registrar y administrar un contrato en blockchain puede realizarse en minutos y de forma remota, sin escribanos, gestores ni papeles. Ideal para una ciudad que busca “despapelizar” sus trámites.

Trazabilidad de todo el proceso: Cada modificación, pago o evento relacionado con el contrato queda registrado con fecha y hora. Esto permite resolver conflictos sin necesidad de abogados ni juicios eternos.

Tokenización y nuevas formas de inversión: Un contrato puede ser tokenizado, es decir, transformado en un activo digital que puede ser fraccionado y vendido. De esta forma los propietarios pueden obtener liquidez sin vender la propiedad y se abre la puerta a microinversiones en el mercado inmobiliario.

Internacionalización y acceso global al mercado: Un contrato en blockchain puede ser firmado por partes que están en distintas partes del mundo, abriendo la posibilidad de alquilar propiedades a inversores o inquilinos extranjeros de forma simple y legal.

¿Cómo funcionaría en la práctica? Todo trazado, automático, eficiente y justo.

Imaginemos este caso: un inquilino deja un depósito equivalente a un mes de alquiler. En lugar de quedar inmovilizado, ese dinero se gestiona mediante un contrato inteligente que lo invierte en protocolos DeFi y genera intereses. Al finalizar el contrato:

• Si no hubo daños, el inquilino recupera su depósito más los intereses ganados.

• Si hubo daños, el contrato prevé una deducción automática, sin intervención judicial.

¿Qué impide su implementación en la Ciudad de Buenos Aires?

Pese a las experiencias piloto en otras ciudades y la creciente adopción en el sector privado, la Legislatura porteña aún no presentó proyectos sólidos para implementar blockchain en alquileres.

¿Falta de conocimiento técnico? ¿Presión de sectores inmobiliarios tradicionales? ¿Desinterés en innovar? . Mientras tanto, inquilinos y propietarios siguen atrapados en un sistema lento, burocrático y muchas veces opaco.

Incorporar blockchain a la regulación y gestión de contratos de alquiler no es futurismo: es una oportunidad concretapara modernizar el sistema, democratizar el acceso a la vivienda y reducir conflictos. La tecnología existe, las herramientas están disponibles y los beneficios son evidentes.