La decisión surge de una revisión independiente encabezada por Emma Martins, ex comisionada de protección de datos de las Islas del Canal. El informe recomendó limitar el uso de apps no corporativas por los riesgos en seguridad, privacidad y gestión documental.
Uno de los motivos principales fue la investigación sobre la gestión de la pandemia en Escocia, que reveló que altos funcionarios, como Nicola Sturgeon y John Swinney, borraron conversaciones mantenidas por WhatsApp durante la emergencia sanitaria, lo que obstaculizó el acceso a información pública y generó cuestionamientos sobre el uso de canales no oficiales.
Prohibición total del uso de apps externas de mensajería en dispositivos de trabajo oficiales.
Prohibición del uso de canales personales o no corporativos para comunicaciones institucionales.
Excepciones temporales sólo en áreas críticas, como emergencias o seguridad nacional, y sólo hasta fines de 2025.
Impulso al uso de canales corporativos auditables, que permitan guardar y rastrear todas las comunicaciones oficiales.
La actual viceprimera ministra, Kate Forbes, explicó que durante la pandemia se priorizó la rapidez, pero que ahora es necesario “reorientar” las prácticas hacia sistemas más seguros y alineados con la transparencia institucional.
Escocia no es un caso aislado. En distintos países se están aplicando restricciones similares por motivos de seguridad, rendición de cuentas y soberanía tecnológica:
Estados Unidos: agencias como el Departamento de Estado, la NASA y el Pentágono prohíben apps no oficiales salvo bajo protocolos específicos.
Australia: la policía de Nueva Gales del Sur prohibió WhatsApp entre sus agentes.
Unión Europea: países como Francia, Bélgica, Dinamarca y Estonia vetaron TikTok en dispositivos oficiales desde 2023.
Canadá: limitaciones a apps como WeChat por seguridad nacional.
India: desarrollo de su propia app estatal, Sandes, para reemplazar herramientas comerciales.
El trasfondo de estas decisiones es común: las apps comerciales no garantizan la seguridad institucional. Están sujetas a políticas de empresas privadas extranjeras, lo que expone datos sensibles a filtraciones o manipulaciones.
Además, el uso de canales no oficiales dificulta la auditoría interna, el cumplimiento de leyes de acceso a la información y la preservación de archivos digitales, esenciales en toda democracia moderna.
Con esta normativa, Escocia se suma a un movimiento creciente que revaloriza lo institucional en la era digital. Recuperar el control sobre las comunicaciones oficiales es clave para garantizar el derecho ciudadano a la información y la obligación del Estado a rendir cuentas.
Se espera que esta decisión tenga efecto contagio en otros gobiernos europeos y organismos públicos, en un mundo donde la seguridad digital y la transparencia son pilares centrales de la gestión pública.