EE.UU. apunta a TP-Link: seguridad nacional, precios predatorios y la nueva guerra por los routers
Washington vuelve a poner la lupa sobre una empresa tecnológica china. Esta vez, el foco no está en Huawei ni TikTok, sino en TP-Link, el gigante global de los routers Wi-Fi domésticos. Su popularidad —con millones de equipos instalados en hogares y oficinas de Estados Unidos— se transformó en un problema político y de seguridad nacional que amenaza con derivar en una prohibición total de ventas en el país.
En marzo, un comité del Congreso estadounidense pidió abiertamente a los ciudadanos “deshacerse de los routers chinos”, y mencionó a TP-Link por nombre y apellido.
El argumento: los equipos podrían ser utilizados como puerta de entrada para espionaje o ciberataques.
Si bien la empresa insiste en que su filial norteamericana —TP-Link Systems, con sede en California— es independiente de la matriz china fundada en Shenzhen, los legisladores sostienen que esa separación no elimina el riesgo estructural: el código, la manufactura y parte del firmware seguirían dependiendo de proveedores y laboratorios ubicados en China.
En paralelo, distintos reportes técnicos detectaron vulnerabilidades críticas en modelos Archer y Deco, que fueron explotadas por botnets como Ballista. Las fallas, según expertos en ciberseguridad, permiten la ejecución remota de código y facilitan ataques coordinados a gran escala.
A la cuestión de seguridad se suma un frente económico
El Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense investiga a TP-Link por presuntas prácticas de precios predatorios, acusándola de vender routers por debajo del costo de producción para ganar cuota de mercado y desplazar a competidores locales.
El dato no es menor: según estimaciones del sector, TP-Link controla cerca del 60 % del mercado doméstico de routers en Estados Unidos.
Una presencia masiva que, para algunos analistas, refleja una estrategia de expansión agresiva similar a la que protagonizaron Huawei y ZTE en sus inicios.
La respuesta de la empresa
Desde TP-Link rechazan las acusaciones. En un comunicado oficial, la compañía aseguró que “no mantiene ningún vínculo con el gobierno chino” y que su filial estadounidense cumple con las normas de seguridad, privacidad y transparencia vigentes.
Además, anunció que se sumó formalmente al programa CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) para reportar fallas y fortalecer la trazabilidad del software, en un intento por calmar a los reguladores y demostrar voluntad de cooperación.
Un debate más amplio
El caso TP-Link reabre un debate más amplio: ¿pueden los países occidentales seguir dependiendo de hardware de red fabricado en China?
La respuesta parece inclinarse hacia el “no”.
Si la administración estadounidense avanza con una prohibición, el impacto podría sentirse no solo en EE.UU., sino también en América Latina, donde TP-Link domina segmentos de bajo costo y sostiene buena parte de la conectividad doméstica.
Para el mercado argentino, esto implicaría una posible escasez de equipos o subas de precios en routers y sistemas mesh, y podría acelerar el desembarco de marcas alternativas como Netgear, Linksys o Asus, ahora bajo el paraguas del “hardware seguro.”
Claves para entender la polémica
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Origen chino: TP-Link fue fundada en Shenzhen, el mismo polo tecnológico que dio origen a Huawei.
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Penetración masiva: domina el mercado doméstico en EE.UU. con precios muy competitivos.
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Investigación en curso: el Departamento de Comercio evalúa vetar nuevas ventas por razones de seguridad nacional.
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Prácticas comerciales bajo sospecha: el DOJ indaga si incurrió en dumping para ganar cuota.
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Riesgos globales: un veto en EE.UU. podría alterar el equilibrio de precios y proveedores en todo el continente.
