Cómo es la regulación en Argentina de los activos digitales

La Comisión Nacional de Valores (CNV) aprobó la Resolución General N° 1058/2025, una norma que establece un marco regulatorio integral para los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) en Argentina. La medida —basada en la Ley N° 27.739— busca ordenar el mercado cripto, proteger a los usuarios, y alinear al país con los estándares internacionales de seguridad, transparencia y prevención del lavado de dinero.

 

¿A quiénes alcanza la nueva regulación?

 

El nuevo régimen abarca tanto a personas humanas como jurídicas que presten servicios vinculados al intercambio, transferencia, custodia o comercialización de criptoactivos. Están obligadas a registrarse:

 

• Personas físicas residentes en el país.

• Empresas nacionales que operen en el ecosistema cripto.

• Empresas extranjeras que ofrezcan servicios en Argentina, directa o indirectamente.

 

Requisitos clave para operar

 

Las plataformas deberán cumplir con exigencias como:

 

• Segregación de fondos entre usuarios y empresa.

• Infraestructura tecnológica segura y auditorías anuales.

• Controles antilavado acordes a la normativa financiera.

• Designación de responsables legales y técnicos.

• Advertencias obligatorias sobre riesgos, volatilidad y exposición.

 

Plazos de implementación

 

El cronograma de adecuación dispuesto por la CNV es el siguiente:

 

• Personas humanas: hasta el 1° de julio de 2025.

• Empresas nacionales: hasta el 1° de agosto de 2025.

• Empresas extranjeras: hasta el 1° de septiembre de 2025.

 

La resolución entrará en vigencia el 31 de diciembre de 2025.

 

 

 

Julián Colombo (Bitso): “Apoyamos la regulación, pero exigimos igualdad tributaria”

 

Desde Bitso Argentina, una de las principales plataformas del país, su CEO Julián Colombo respaldó la iniciativa regulatoria, pero también lanzó una advertencia:

 

“La industria cripto sigue en desventaja frente a otras fintechs debido al régimen tributario.”

 

“Desde Bitso, valoramos cualquier esfuerzo regulatorio que busque aportar claridad y seguridad al ecosistema. La Resolución 1058 va en esa dirección. Nos parece positivo que haya sido fruto de un trabajo sostenido entre dos gestiones de gobierno y con consulta al sector.”

 

“Hoy la industria cripto paga impuestos que otras fintechs no. Esta discriminación fiscal nos pone en desventaja, frena el desarrollo tecnológico y nos impide competir en igualdad de condiciones.”

 

Bitso se mostró preparado para adaptarse a las nuevas exigencias, pero exigió que el avance regulatorio venga acompañado de una reforma impositiva integral:

 

“Vamos a trabajar activamente, junto con otras empresas, en impulsar un marco impositivo que acompañe el desarrollo del sector y promueva la adopción responsable de criptoactivos en el país.”

 

 

 

Matías Bari (Satoshi Tango): “Es un marco positivo para el crecimiento del sector”

 

Desde Satoshi Tango, su CEO Matías Bari también respaldó la resolución y subrayó que:

 

“Tiene el espíritu de regular a los proveedores, no a los activos en sí. Esa diferencia es fundamental para no obstaculizar el desarrollo tecnológico.”

 

Destacó que la norma nivelará la competencia entre empresas locales y extranjeras, al exigir presencia física, patrimonio mínimo y transparencia en la custodia de activos.

 

“Estamos frente a un marco flexible, alineado con estándares globales, que fortalece la confianza del público y promueve la madurez del ecosistema.”

 

También valoró la incorporación de altos estándares en ciberseguridad y prevención del lavado de activos, aunque advirtió que la efectividad dependerá de su aplicación práctica.

 

 

 

Un marco necesario, pero aún incompleto

 

Con esta resolución, Argentina da un paso concreto hacia la institucionalización del mercado cripto. La regulación es vista como necesaria y positiva, pero queda claro que sin cambios tributarios y reglas justas para competir, el crecimiento seguirá condicionado.

 

Tanto desde Bitso como desde Satoshi Tango, el mensaje es contundente: Celebramos la regulación, pero ahora hay que avanzar en igualdad real y un entorno que premie la innovación sin castigarla.