IA en Argentina: decenas de proyectos, ninguna ley y un peligro inminente

Desde que iniciara el 2024, el Congreso argentino acumuló una cantidad grosera de proyectos legislativos sobre inteligencia artificial. Sin embargo, esta aparente hiperactividad esconde una parálisis total: ha pasado más de un año desde las primeras ponencias de especialistas ante la “Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva” de la Honorable Cámara de Diputados y el avance real es nulo.

Como especialista convocado a aquella jornada del 6 de agosto de 2024, puedo afirmar que la discusión parece impulsada más por el “fomo” —fear of missing out— que por una voluntad genuina de construir una regulación sólida y escalable a largo plazo.

Correr antes de caminar: La deuda con los datos personales

Mi advertencia en aquella jornada fue clara: el Congreso está intentando correr antes de caminar. Es inútil discutir sobre IA si antes no modernizamos de forma urgente nuestra ley de protección de datos personales. No se puede construir una casa sin cimientos. En el mundo digital, la ley de datos personales es la base sobre la que debe edificarse cualquier regulación de IA, ya que esta tecnología se alimenta precisamente de esa información.

La prueba de esta negligencia (u omisión intencionada) es que proyectos clave, como el presentado por la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) en 2023 o las iniciativas de diputados como Karina Banfi, no han sido tratados oportunamente. El de la AAIP fue retomado por Pablo Carro, incluso tomando consideraciones del proceso de participación pública que había tenido aquel proyecto de la Agencia. El otro mencionado se ha vuelto a presentar sin modificaciones y sin siquiera incluir el término “inteligencia artificial”, lo que evidencia su falta de actualización y nula revisión.

La inseguridad jurídica: Un pésimo negocio

Quienes se oponen a regular suponen que así protegen a las empresas y alientan la innovación. Pero la creencia de que la falta de regulación y la inseguridad jurídica atraen inversores es un espejismo basado en un dogma y no en evidencia. Los ecosistemas de innovación más importantes del mundo prosperan sobre reglas claras.

La falta de regulación absoluta y la incertidumbre jurídica total no creo que sean atractivas para los empresarios, no al menos para los que están más cerca de los mortales que de los Sam Altman del mundo. Además, en este vacío legal, la última palabra no la tendrá el Congreso ni los expertos, sino los tribunales. Así, dejamos el futuro de la tecnología a merced de la lenta e impredecible interpretación judicial, en lugar de establecer las reglas del juego de antemano.

La democracia en la mira: Deepfakes y desinformación

El riesgo de la inacción efectiva, de la falta de debate, es tangible y urgente. Si bien en las pasadas elecciones provinciales esquivamos la bala de los deepfakes a gran escala, la amenaza es cierta y la calidad de la tecnología se ha incrementado sideralmente desde el fake de Macri en las elecciones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires del pasado mayo.

Las herramientas para crear desinformación hiperrealista son cada vez más accesibles y sería ingenuo pensar que no serán un arma en el próximo ciclo electoral de octubre. La situación legal será la misma, y las herramientas legales para proteger a los ciudadanos y a la propia democracia frente a esta nueva forma de manipulación son, hoy por hoy, prácticamente inexistentes.

La falta de una protección adecuada nos deja en situaciones desventajosas y permanentemente dañinas, estemos inmersos en la digitalidad o no y, casi que obviamente, no se vislumbra una modificación legislativa nutritiva y productiva para este año.

Nadie niega la complejidad de este debate, pero la parálisis legislativa actual, alimentada por disputas políticas estériles, no es una opción. La disrupción tecnológica más fascinante y atemorizante de la historia nos está pasando por encima mientras el Congreso sigue acumulando expedientes y críticas en redes, sin real debate interno.

La conclusión es evidente

Con nuestros representantes políticos no alcanza. Es hora de exigir un proceso verdaderamente abierto, multidisciplinario y multisectorial. La academia, la sociedad civil y el sector privado deben ser convocados a una mesa de trabajo real, no solo a ponencias protocolares.

Las complejidades que conlleva la IA solo se resolverán con la colaboración permanente y continua de todos los actores y sectores. Es el único modo de construir una legislación que proteja a los ciudadanos y determine las bases para un futuro digital justo y seguro.

Seguir esperando no es prudencia, es una negligencia con consecuencias imprevisibles y, posiblemente, irreparables.