
El presidente estadounidense, Donald Trump, sorprendió al anunciar en su red social Truth Social que el gobierno adquirió el 10% de Intel sin realizar gasto alguno. Según detalló, esa participación hoy tiene un valor cercano a 11.000 millones de dólares, lo que —en sus palabras— representa una ganancia íntegra para Estados Unidos.
Trump defendió la operación como un ejemplo de cómo generar riqueza y empleo en el país, y criticó a los sectores liberales que cuestionaron la iniciativa por considerarla una forma de intervencionismo estatal poco frecuente en la política económica de las últimas décadas.
“Vamos a replicar la fórmula de Intel todo el tiempo”, afirmó el mandatario, aludiendo a futuros acuerdos con compañías estratégicas que, según él, podrían fortalecer la posición de EE.UU. en los mercados globales y dinamizar el empleo interno.

Hacia un fondo soberano al estilo China y Noruega
El anuncio fue reforzado por declaraciones de su asesor económico, Kevin Hasset, quien aseguró que la compra de Intel sería apenas el primer paso para la creación de un fondo soberano estatal. Este tipo de fondos —presentes en países como China, Noruega y Arabia Saudí— buscan diversificar las inversiones públicas y blindar la economía frente a crisis globales.
Hasset adelantó que el plan no se limitará al sector tecnológico: también se analizan movimientos en industrias estratégicas como la energía, la salud y la infraestructura.

Debate político y económico en EE.UU.
A pesar del entusiasmo del gobierno, Trump no brindó detalles sobre la estructura del eventual fondo ni precisó qué empresas formarían parte de él. Esto abrió un intenso debate político y económico en Washington sobre los riesgos y beneficios de una mayor intervención estatal en la economía.
Mientras que los defensores de la medida destacan la posibilidad de captar ganancias millonarias para el Estado, los críticos advierten que el modelo podría distorsionar el libre mercado y generar tensiones con el sector privado.
Lo cierto es que la operación con Intel marca un giro hacia un modelo de inversión pública más agresivo en Estados Unidos, alineado con la idea de que el Estado puede ser un actor clave no solo en la regulación, sino también en la propia generación de riqueza.