La Ley Sammy (H.R.2657), presentada en abril de 2025 por la representante Debbie Wasserman Schultz, exige que plataformas sociales con más de 100 millones de usuarios activos mensuales creen interfaces tecnológicas (APIs) para que niños mayores de 13 años o sus tutores puedan autorizar a terceros a administrar interacciones y contenido en tiempo real.
El objetivo es proteger a los menores de ciberacoso, abuso sexual, tráfico humano o violencia en línea.
Los proveedores de estos servicios deberán registrarse ante la Comisión Federal de Comercio (FTC) y someterse a auditorías rigurosas, garantizando la privacidad y limitando el uso de datos solo a casos de amenaza grave o mandato legal.
Contexto y relevancia social
En un escenario donde el uso de redes sociales por niños y adolescentes crece exponencialmente, la Ley Sammy busca equilibrar el acceso digital con la protección efectiva.
Investigaciones muestran que los menores enfrentan riesgos diarios en línea: consumo ilegal de sustancias, acoso y abusos que afectan su salud mental y seguridad.
La legislación refleja la preocupación por un entorno digital seguro, dando a padres y tutores herramientas legales y técnicas para proteger activamente la experiencia digital de los menores.
Desafíos y perspectivas futuras
Si bien la Ley Sammy plantea un marco robusto para la protección infantil, genera debates sobre privacidad y autonomía de los menores.
La implementación técnica de las APIs, el monitoreo y la supervisión para evitar abusos de poder serán los mayores desafíos.
La FTC será la encargada de guiar, supervisar y sancionar el cumplimiento, y la ley podría convertirse en un precedente global en materia de protección digital infantil.
Texto completo de la Ley Sammy en Congress.gov