El proyecto establece un cupo máximo de 3.998 vehículos, lo que, según la empresa, dejaría inhabilitados a más de 11.000 conductores que actualmente operan en la ciudad.
Límite de 1 vehículo habilitado cada 375 habitantes, totalizando cerca de 4.000 unidades.
Autos modelo 2015 en adelante, con exigencia de certificados de antecedentes, seguro individual y documentación técnica.
Tarifa mínima igual al pasaje de colectivo, lo que podría encarecer el servicio para los usuarios.
Requisitos administrativos como registro municipal, acreditación tributaria, límite de 12 horas diarias y seguros obligatorios.
Dejaría sin ingresos a más de 11.000 personas.
Aumentaría los tiempos de espera y el costo para más de 350.000 usuarios mensuales.
Exige condiciones técnicas “inaplicables” en el contexto actual de Córdoba.
Sigue un modelo “obsoleto e impracticable”, al comparar el sistema con el de taxis tradicionales.
No fue consensuada: “Nadie de Uber fue llamado a dialogar en serio”.
Juan Labaqui, gerente de Comunicaciones de Uber para el Cono Sur, expresó que la medida “pondría en riesgo tus ganancias” y exigió que la empresa pueda operar “cómo y cuándo quieras”.
El bloque oficialista —liderado por Martín Simonian— defendió la iniciativa, alegando que busca ordenar el sistema y priorizar la seguridad, con una oferta controlada de vehículos. El proyecto cuenta con respaldo político, y podría tratarse en la primera sesión de agosto, según el viceintendente Javier Pretto.
La discusión se reactivó tras un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que habilitó el funcionamiento de Uber, condicionado a cumplir con un marco normativo.
En abril de 2025, el TSJ dictaminó que Uber podía operar si se inscribía en AFIP, Rentas, y presentaba seguro y antecedentes.
En junio y julio, la Comisión de Servicios Públicos aprobó por mayoría el despacho con cupo, tarifas mínimas y límites horarios.
La disputa sigue abierta: Uber afirma que la regulación daña a conductores y usuarios, mientras el oficialismo insiste en que mejora la seguridad y ordena el sistema.
El proyecto podría debatirse en el recinto en agosto.
Uber rechazó el texto vigente y lo calificó como “una lógica obsoleta y difícil de aplicar”.
La relación entre Uber y la ciudad de Córdoba atraviesa su momento más tenso. La regulación propuesta, con cupo estricto y condiciones rígidas, enfrenta a una plataforma en expansión con un modelo legal conservador. Mientras el oficialismo busca ordenar un sistema desbordado, Uber denuncia que se atenta contra miles de trabajadores y usuarios. El conflicto podría llegar a su punto crítico en otoño, cuando el Concejo debata la norma.