IA, Estado y derechos: lecciones del II Workshop Internacional sobre Inteligencia Artificial y Políticas Públicas
El encuentro organizado por CONICET, UNSAM y Engage AI reunió a especialistas nacionales e internacionales para debatir los riesgos, desafíos y oportunidades del uso de la Inteligencia Artificial en la gestión pública. La discusión dejó en claro que la verdadera deuda no es tecnológica, sino ética y política.
Un debate urgente en la era algorítmica
El 6 y 7 de octubre de 2025, el CONICET, la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y Engage AIrealizaron el II Workshop Internacional sobre Inteligencia Artificial y Políticas Públicas bajo el lema “Desafíos y oportunidades de las democracias y la participación ciudadana en el contexto regional”.
El evento, que tuvo lugar en el Auditorio Borges de la Biblioteca Nacional y en la Escuela Técnica de la UNSAM, convocó a investigadores, funcionarios y especialistas de América Latina y Europa para analizar cómo los sistemas de IA impactan en la toma de decisiones del Estado, la gestión de datos y la garantía de derechos.
IA, derechos y democracia
El workshop se centró en una pregunta clave: ¿Cómo puede el Estado usar Inteligencia Artificial sin perder de vista la transparencia, la rendición de cuentas y la equidad social?.
Entre los ejes principales se destacaron:
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Ética y derechos humanos: cómo evitar que los algoritmos reproduzcan sesgos o discriminen en ámbitos como seguridad, salud o justicia.
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Datos públicos y gobernanza: la necesidad de crear marcos regulatorios que aseguren el acceso abierto, la protección de la privacidad y el control ciudadano sobre el uso de la información.
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Educación y formación digital: la urgencia de capacitar a funcionarios, docentes y ciudadanos para comprender el alcance real de la IA.
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Desigualdades estructurales: cómo garantizar que la digitalización estatal no amplíe brechas sociales, de género o territoriales.
Participaciones destacadas
Entre los expositores participaron Germán Rosati (CONICET / UNSAM), quien analizó los límites de los modelos de lenguaje en ciencias sociales; Juan Manuel García, que abordó la relación entre calidad de datos y acceso a derechos; Mariana Kunst, sobre las brechas tecnológicas en la Argentina; y Miguel Bustos, que cuestionó los usos de datos penitenciarios en sistemas predictivos.
El encuentro fue inaugurado por Alan Temiño, director del Programa Nacional de Ciencia y Justicia del CONICET, y Brenda Focás, investigadora de la UNSAM, entre otros referentes.
Además, hubo talleres con estudiantes secundarios para debatir sobre IA, salud mental digital y violencia en redes sociales, un gesto que buscó acercar la reflexión académica a las problemáticas cotidianas.
Más discurso que política
Aunque el evento celebró el diálogo interdisciplinario, dejó al descubierto una tensión de fondo: la distancia entre el discurso ético y la praxis institucional.
La mayoría de los organismos públicos argentinos todavía no cuenta con protocolos de uso responsable de IA, ni con mecanismos de auditoría o rendición de cuentas. En otras palabras: el Estado habla de Inteligencia Artificial, pero aún no la entiende como política pública estructural.
Mientras tanto, el sector privado avanza sobre áreas críticas —educación, salud, seguridad, comunicación— sin un marco común de supervisión. El riesgo es claro: la automatización sin control puede convertirse en una nueva forma de desigualdad.
La deuda no es tecnológica: es cultural
El caso del juez de Esquel que usó IA para redactar parte de una sentencia judicial (y cuyo fallo fue anulado) resuena como advertencia: no hay modernización posible sin comprensión crítica.
Digitalizar no es innovar; innovar es garantizar que la tecnología sirva al interés público, con ética, transparencia y participación ciudadana.
El workshop lo dejó en claro: la IA no es el problema. El problema es un Estado que aún no aprendió a pensar con ella.
