La tecnología detrás de estas armas ha evolucionado notablemente. Por ejemplo, el Taser 7, ya utilizado en algunas provincias, emplea pulsos eléctricos ajustados por sensores para incapacitar sin causar daño permanente, e incorpora cámaras para registrar su uso.
Las pistolas Byrna, adoptadas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria, disparan proyectiles con gas pimienta o traumáticos a distancias de hasta 20 metros, ofreciendo precisión y versatilidad. Además, dispositivos acústicos como el LRAD y proyectiles de polímeros viscoelásticos prometen dispersar multitudes o neutralizar amenazas con menor riesgo de lesiones graves.
En Argentina, la Resolución 704/2024 del Ministerio de Seguridad reglamentó el uso de estas armas por las fuerzas federales, exigiendo capacitación especializada y protocolos claros, como identificarse a viva voz antes de actuar, salvo en casos de riesgo inminente. Provincias como Santa Fe, Tucumán y Córdoba han adquirido cientos de estas herramientas, acompañadas en algunos casos de cámaras corporales para garantizar transparencia.
El alto costo de dispositivos avanzados como los sistemas de energía dirigida, y la necesidad de infraestructura para entrenamientos masivos, plantean obstáculos logísticos y presupuestarios.
Expertos consultados coinciden en que la preparación de Argentina dependerá de tres ejes: inversión en capacitación, marcos legales robustos y mecanismos de rendición de cuentas. “La tecnología es una herramienta, pero su impacto depende de cómo se usa”, señaló un especialista en seguridad.