El cambio reduce drásticamente su conducción, limita las líneas de financiamiento y otorga al Poder Ejecutivo mayor control sobre qué proyectos podrán investigarse y cuáles no.
Con esta medida, se elimina la participación del sistema científico en la toma de decisiones: de 11 autoridades con representación académica y científica, solo quedan 3 cargos designados directamente por el Gobierno. La nueva estructura responde exclusivamente al Ministerio de Capital Humano, el área que absorbió el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología.
El recorte se da en un contexto de ajuste histórico: en lo que va del año, el presupuesto destinado a ciencia y técnica se redujo más de un 90% en términos reales, afectando gravemente a más de 340 institutos del CONICET, universidades y centros de innovación público-privados, según reveló el diario El País.
Además de paralizar investigaciones en curso, el decreto habilita la posibilidad de cancelar proyectos que no tengan una “utilidad productiva inmediata”, una definición ambigua que preocupa profundamente a toda la comunidad académica.
Investigadores jóvenes denuncian un nuevo ciclo de “fuga de cerebros” y precarización. De acuerdo al mismo medio, ya se registraron más de 100 renuncias a becas doctorales en el primer semestre de 2025, lo que refleja el impacto inmediato de estas medidas en la continuidad científica.