Prohibición de redes sociales a menores: el giro global que pone en jaque al modelo digital
La decisión de España de avanzar en la restricción del uso de redes sociales para menores de 16 años no es un hecho aislado. Se inscribe en una tendencia internacional ya verificada, donde distintos Estados comenzaron a intervenir de manera directa frente al impacto de las plataformas digitales sobre la salud mental, la privacidad y el desarrollo de niños y adolescentes.
El propio presidente del España, Pedro Sánchez, sostuvo que “nuestros hijos están expuestos a un espacio digital en el que nunca debieron navegar solos” y calificó a las redes sociales como un “salvaje oeste digital”, en referencia a la ausencia de controles reales y a la lógica de maximización algorítmica del daño. La propuesta española apunta a prohibir el acceso de menores de 16 años, trasladando la responsabilidad legal a las plataformas mediante sistemas obligatorios de verificación de edad.
Los países que ya avanzaron con medidas similares
El caso más contundente es el de Australia, que en 2024 sancionó una ley que prohíbe de forma explícita el uso de redes sociales a menores de 16 años, sin excepciones. La normativa obliga a las plataformas a impedir el acceso y prevé sanciones severas. El gobierno australiano justificó la medida como una política de salud pública, equiparable a la regulación del tabaco o el alcohol.
En Francia, la edad mínima para usar redes sociales se fijó en 15 años, con la exigencia de consentimiento parental obligatorio para menores. Aunque no existe una prohibición total, el esquema legal refuerza los controles sobre registro, contenidos y algoritmos. La ley está vigente, aunque enfrenta dificultades técnicas de implementación.
Noruega avanzó en proyectos legislativos para endurecer el acceso de menores, con foco en adicción digital y salud mental. Si bien aún no aplica una prohibición general, el debate público y regulatorio ya está instalado y con respaldo estatal.
El modelo más restrictivo es el de China, donde el Estado impone límites horarios, control de contenidos y tiempos máximos de uso diario para menores. En la práctica, el acceso a redes sociales está fuertemente condicionado y supervisado, aunque se trata de un esquema difícilmente trasladable a democracias occidentales.
En Estados Unidos, sin legislación federal, varios estados como Utah y Arkansas aprobaron leyes que exigen verificación de edad y autorización parental, aunque estas normas se encuentran judicializadas por demandas de las propias plataformas tecnológicas.
Qué está en juego detrás de estas regulaciones
Hay un punto común verificado en todos los casos: el fracaso del modelo de autorregulación de las empresas tecnológicas. Los Estados comenzaron a asumir que las plataformas priorizan la rentabilidad algorítmica por sobre la protección de derechos, especialmente en población infantil.
Sin embargo, también emergen riesgos claros. La verificación de edad mediante identidad digital puede derivar en nuevas formas de vigilancia, recolección masiva de datos o filtrado de contenidos, lo que abre tensiones con la privacidad y las libertades civiles. El debate ya no es solo tecnológico, sino político y cultural.
El avance de España consolida una señal inequívoca: la infancia se convirtió en el nuevo límite al poder de las redes sociales. Lo que está en discusión no es solo quién puede acceder, sino quién controla el espacio digital y bajo qué reglas.
