En ese contexto, el reciente acuerdo de Google para comprar energía solar en Malasia confirma una tendencia que atraviesa a toda la industria tecnológica.

Google firmó un Power Purchase Agreement (PPA) con un consorcio liderado por la japonesa Shizen Energy para abastecerse de electricidad generada por un parque solar de casi 30 megavatios en el estado malasio de Kedah.
El proyecto, que entraría en operación en 2027, se apoya en un esquema regulatorio que permite a grandes consumidores contratar energía renovable a largo plazo, incluso sin una conexión física directa entre el generador y el punto de consumo.
Este tipo de acuerdos se multiplican en todo el mundo porque responden a una necesidad estructural: los centros de datos que sostienen la IA requieren enormes volúmenes de energía, de forma ininterrumpida, las 24 horas del día.
La intermitencia de las renovables tradicionales empujó a las Big Tech a diversificar su matriz energética. Google avanzó en contratos nucleares y geotérmicos en Estados Unidos; Microsoft cerró un acuerdo a 20 años para reactivar un reactor nuclear en Pensilvania; Amazon combinó energía solar, eólica y nuclear para sostener su expansión de data centers.

La señal es clara: la energía se convirtió en el principal factor de localización de la infraestructura digital.
Frente a este escenario, Argentina aparece con ventajas evidentes —recursos renovables competitivos, experiencia en energía nuclear y una demanda interna relativamente baja—, pero también con limitaciones que hoy la dejan fuera del radar de las grandes decisiones de inversión.
Para participar del mercado global de energía para Big Tech, el país debería establecer, en primer lugar, un marco claro y estable para los Power Purchase Agreements corporativos.
Las grandes tecnológicas planifican con horizontes de 15, 20 o 30 años y necesitan reglas que no cambien con cada ciclo político. Sin contratos de largo plazo jurídicamente confiables, no hay proyectos de data centers a escala global.
En paralelo, resulta clave habilitar de manera explícita los PPA virtuales o financieros, como ya ocurre en Malasia, Brasil o Chile. Este tipo de contratos permite destrabar inversiones incluso cuando la red eléctrica no está preparada para una conexión directa inmediata, algo especialmente relevante en un país de gran extensión territorial como Argentina.

Otro punto central es la articulación entre energía e infraestructura digital como política de Estado. En los países que hoy atraen inversiones tecnológicas, la planificación energética, la expansión de la red y la localización de data centers se diseñan en conjunto.
En Argentina, estos debates siguen fragmentados entre distintos organismos, sin una estrategia unificada para la economía digital.
La velocidad también es un factor decisivo. Las Big Tech priorizan mercados donde los permisos ambientales, energéticos y de obra tienen plazos definidos y previsibles. No buscan ausencia de controles, sino reglas claras y tiempos compatibles con inversiones que se miden en miles de millones de dólares. La demora administrativa es, en muchos casos, un factor de descarte automático.

A diferencia de otros sectores, las grandes tecnológicas no reclaman subsidios al consumo. Lo que demandan son incentivos a la inversión, como amortización acelerada, beneficios fiscales ligados a nueva capacidad energética o facilidades para infraestructura crítica. Brasil y Chile avanzaron en ese camino, utilizando la energía limpia como un activo competitivo para atraer capitales.
Finalmente, la experiencia internacional muestra que la energía dejó de ser solo una cuestión ambiental o económica para convertirse en un activo geopolítico. Estados Unidos, Europa y Asia compiten por atraer data centers porque entienden que la IA es un factor de poder productivo, tecnológico y estratégico.
El acuerdo de Google en Malasia sintetiza ese cambio de época. En la economía de la IA, las empresas eligen primero dónde enchufarse y después dónde invertir. Para Argentina, el desafío no pasa por descubrir nuevos recursos, sino por ordenar reglas, acelerar decisiones y asumir que la energía para la tecnología es una prioridad estratégica nacional.