El sistema elegido se llama Visio, una herramienta creada dentro del programa estatal Suite Numérique, alojada en infraestructura local francesa y bajo estándares de seguridad certificados.
El objetivo es claro: que los datos de funcionarios, políticas públicas y comunicaciones oficiales no queden sujetos a leyes extranjeras como el CLOUD Act de Estados Unidos, que permite a autoridades norteamericanas acceder a información almacenada por empresas de ese país, incluso si los servidores están en Europa.
Desde el gobierno francés explicaron que la migración será progresiva durante 2026 y 2027, con un despliegue inicial de decenas de miles de usuarios y la meta de llegar a más de 200.000 funcionarios públicos. Además, el Estado estima un ahorro significativo en licencias, que podría superar el millón de euros anuales por cada 100.000 usuarios.

El caso francés vuelve a poner en agenda un debate clave para países como la Argentina: ¿quién controla los datos del Estado? Hoy, gran parte de los organismos públicos, universidades y empresas estatales utilizan plataformas extranjeras para reuniones, correos, almacenamiento y trabajo colaborativo.
Esto implica tres riesgos estructurales:
Dependencia tecnológica de proveedores globales.
Exposición legal a normativas extranjeras sobre acceso a datos.
Pérdida de capacidades locales para desarrollar infraestructura digital estratégica.
En un contexto donde la digitalización del Estado avanza, el ejemplo francés muestra que la soberanía digital no es solo un discurso ideológico, sino una política concreta de infraestructura, presupuesto y desarrollo tecnológico.

Para la Argentina, el movimiento abre dos caminos posibles: seguir profundizando la dependencia de grandes plataformas globales (camino de menor costo político a corto plazo) o impulsar una estrategia nacional o regional de herramientas propias para el Estado, con foco en seguridad, control de datos y desarrollo tecnológico local (camino más complejo, pero estratégico a largo plazo).
El mensaje de fondo es claro: Francia no está discutiendo si Teams o Zoom funcionan bien, sino quién tiene el poder sobre la información del Estado. Esa es una discusión que la Argentina todavía no dio en serio.