El borrador que puede cambiar todo: así es la ley que quiere regular la Inteligencia Artificial en EE.UU.

La ley tiene cuatro grandes pilares: gobernanza de los modelos de IA más poderosos, protección del mercado laboral frente al avance de la automatización, ciberseguridad y liderazgo en investigación e innovación. Pero debajo de esa arquitectura técnica hay una decisión política que lo atraviesa todo: Estados Unidos quiere definir las reglas globales antes que lo haga China.

El texto no regula la Inteligencia Artificial en general sino que llama modelos frontera, aquellos entrenados con una potencia computacional superior a 10 elevado a la 26 operaciones de punto flotante. En términos prácticos, eso significa los sistemas más avanzados del mundo: los modelos detrás de ChatGPT, Claude, Gemini y Grok. Las empresas que los desarrollan y facturan más de 500 millones de dólares anuales quedan bajo las obligaciones más estrictas de la ley.

Esas obligaciones incluyen publicar un marco de gestión de riesgo catastrófico, contratar auditorías externas cada seis meses y reportar incidentes de seguridad graves en un plazo de 15 días, o de 24 horas si hay riesgo inminente de muerte o daño físico. El incumplimiento puede costar hasta un millón de dólares por día de violación.

La ley define riesgo catastrófico con una precisión inusual para un texto legislativo: la posibilidad real que un modelo de IA cause la muerte de más de 50 personas o daños superiores a los 1.000 millones de dólares, ya sea ayudando a fabricar armas biológicas, ejecutando ciberataques autónomos o eludiendo el control de sus propios creadores. Cualquier cosa que no alcance ese umbral queda, en principio, fuera del radar de la ley.

Una de las disposiciones del proyecto prohíbe a los estados regular el desarrollo de modelos de Inteligencia Artificial. En los hechos, anula cualquier ley estatal sobre el tema durante al menos tres años, después de los cuales el Congreso deberá renovar la restricción o dejarla caer.

La ley resuelve la fragmentación regulatoria estatal de un solo golpe y loo hace en favor de la industria: el régimen federal es sustancialmente menos exigente que lo que California o Massachusetts habrían podido imponer por su cuenta.

El CASI: la apuesta institucional

El corazón de la estrategia geopolítica de la ley es la creación del Center for AI Standards and Innovation, conocido por sus siglas CASI. Con un presupuesto autorizado de 300 millones de dólares en tres años y dependencia directa del Departamento de Comercio, el CASI tiene un mandato explícito: que los estándares técnicos de Inteligencia Artificial que adopte el mundo sean de origen estadounidense.

El campo de batalla son los organismos internacionales de normalización. La ISO, fundada en 1947 y con 170 países miembro, define las normas técnicas que las industrias globales adoptan como referencia. La IEC regula el hardware electrónico y los semiconductores sobre los que corre la IA. La ITU, agencia de la ONU, establece los estándares de telecomunicaciones e infraestructura digital que conectan los sistemas de IA con el mundo.

China lleva años enviando delegaciones técnicas a esos foros con propuestas concretas. Huawei, Alibaba y organismos estatales chinos han colocado expertos en roles de liderazgo en varios comités de la ISO y la ITU desde 2018. El CASI es la respuesta institucional de Washington a esa ofensiva silenciosa.

La analogía histórica que usa la propia ley es ilustrativa: en los años 90, Estados Unidos dominó la definición de los estándares de internet, criptografía y telecomunicaciones móviles y eso le dio durante décadas una ventaja estructural en la economía digital global. La apuesta es repetir ese patrón con la inteligencia artificial, antes de que sea demasiado tarde.

El otro frente: los trabajadores

La ley dedica un título entero a la fuerza laboral, aunque con más cautela que ambición. No crea un programa de asistencia para trabajadores desplazados por la automatización, pero sí financia el estudio de uno. Sí obliga a las empresas a declarar, cuando hacen despidos masivos, si la Inteligencia Artificial fue un factor determinante y en qué porcentaje. Es la primera vez que el gobierno federal intentaría medir en tiempo real el impacto del reemplazo tecnológico en el empleo.

También crea un hub de investigación laboral en el Departamento de Trabajo, reforma encuestas federales para rastrear la adopción de IA por sector y financia becas universitarias en IA con énfasis en comunidades rurales y de bajos ingresos.

Conviene no perder de vista que el texto es todavía un discussion draft: no tiene número de comité asignado, no tiene patrocinadores en el Senado y no ha iniciado formalmente su recorrido legislativo. El Congreso estadounidense tiene una larga historia de proyectos tecnológicos ambiciosos que mueren en comité.

Pero el bipartidismo es una señal real y el contexto político también: con China acelerando en IA, con Europa ya con una ley vigente y con el sector privado estadounidense reclamando certeza regulatoria para planificar inversiones, la presión para que algo pase en el Congreso es mayor que en cualquier momento anterior.

Si esta ley o algo parecido llega a promulgarse, el impacto no se sentirá solo en Silicon Valley. Las reglas que defina Washington sobre cómo se desarrolla, audita y exporta la Inteligencia Artificial serán, en buena medida, las reglas que rijan el resto del mundo. Eso, más que cualquier cláusula técnica del borrador, es lo que está verdaderamente en juego.