Riego agrícola: la oportunidad que abre el RIMI 2026 para productores

La medida alcanza a pivotes, bombas centrífugas y sumergibles, sistemas de goteo, compuertas, mallas antigranizo y bienes semovientes. En términos prácticos, implica que productores pequeños y medianos podrán acceder a incentivos sin la obligación de alcanzar pisos de inversión que, hasta ahora, iban desde los USD 150.000 para microempresas hasta los USD 9 millones para medianas empresas.

El cambio es relevante porque el riego argentino todavía arrastra una brecha importante de eficiencia. Cerca del 70% del riego del país se realiza por escurrimiento superficial o gravitacional, un método con una eficiencia promedio cercana al 40%. En cambio, los sistemas presurizados —aspersión y goteo— permiten aprovechar mejor el agua, aunque todavía tienen una adopción menor.

La transición hacia sistemas más eficientes requiere inversión en infraestructura. Allí aparecen como piezas centrales las tuberías de conducción, las bombas y los sistemas de distribución. En Argentina, uno de los materiales más utilizados en riego presurizado es el PVC, certificado bajo la norma IRAM 13351.

El PVC se consolidó como una alternativa extendida por sus características técnicas. Su bajo coeficiente de fricción facilita el flujo del agua, reduce el esfuerzo de las bombas y puede generar ahorros en electricidad o combustible. En un contexto de costos crecientes, la eficiencia hidráulica deja de ser un dato técnico y pasa a impactar directamente sobre la rentabilidad de las explotaciones.

Además, el PVC ofrece rigidez, resistencia y durabilidad. Al ser utilizado en instalaciones enterradas, soporta cargas verticales estáticas, como el peso del suelo, sin deformaciones significativas a largo plazo. También resiste la corrosión y la degradación química, un aspecto clave en sistemas de fertirriego, donde se inyectan fertilizantes y fitosanitarios.

Otra ventaja es operativa. Su bajo peso facilita el transporte y la instalación en el campo, lo que puede reducir costos logísticos y acelerar la puesta en marcha antes de la temporada de siembra. Las uniones por pegado o junta elástica ayudan a prevenir fugas, un punto crítico en zonas donde la disponibilidad de agua condiciona la producción.

Consultado sobre el impacto de la nueva resolución, Miguel García, director de la Asociación Argentina del PVC, sostuvo que la medida llega “en el momento preciso”.

“La eliminación del piso de inversión democratiza realmente el acceso a tecnología de riego eficiente. Productores que antes no podían acceder a estos incentivos ahora pueden modernizar sus sistemas sin la presión de alcanzar montos mínimos. En el caso del PVC, esto es particularmente relevante porque permite que explotaciones pequeñas y medianas adopten tuberías de calidad certificada, lo que garantiza durabilidad y eficiencia a largo plazo”, señaló.

García también remarcó que la política se vincula con una necesidad estructural del sector agropecuario: reducir las pérdidas de agua. “Argentina pierde entre el 40% y el 50% del agua en sistemas de riego ineficientes. Cuando un productor invierte en tuberías de PVC de calidad, no solo reduce pérdidas hídricas, sino que también optimiza costos operativos. Con los beneficios fiscales del RIMI —amortización acelerada e IVA devuelto— el retorno de inversión se acelera significativamente”, afirmó.

El especialista advirtió, además, sobre la importancia de utilizar materiales certificados. “Es fundamental que los productores exijan tuberías de PVC con certificación IRAM. La diferencia de precio entre un tubo certificado y uno que no lo es puede ser mínima, pero la diferencia en rendimiento y durabilidad es abismal. Estamos hablando de sistemas que deben funcionar 50 años o más”, subrayó.

La decisión llega en un contexto de crecimiento de la superficie irrigada en Argentina. De acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca citados por el sector, en los últimos dos años se incorporaron 63.400 hectáreas bajo riego, con inversiones privadas superiores a los USD 185 millones.

La superficie actual bajo riego alcanza los 2,16 millones de hectáreas, aunque distintos especialistas sostienen que el país tiene margen para triplicar esa cifra. El dato es estratégico: el riego representa cerca del 80% del consumo de agua del país. Por eso, cualquier mejora en eficiencia no solo impacta sobre la productividad agropecuaria, sino también sobre la gestión hídrica nacional.

En ese cruce entre inversión, tecnología y sustentabilidad aparece la oportunidad que abre el nuevo RIMI: facilitar el acceso a sistemas de riego más eficientes, reducir pérdidas, mejorar costos y empujar una modernización que el agro argentino viene postergando.