La Justicia argentina le pone límites a ChatGPT: qué datos ya no podrán cargarse en una IA
El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa empieza a tener reglas más concretas dentro del sistema judicial argentino. El Ministerio Público Fiscal aprobó nuevos lineamientos institucionales para regular el desarrollo, adquisición y utilización de sistemas de IA.
Una de las medidas más relevantes afecta directamente a herramientas públicas de inteligencia artificial generativa como ChatGPT: los integrantes del organismo no deberán ingresar información reservada, datos personales o datos sensibles en estos sistemas.
La restricción apunta a uno de los principales problemas que genera la adopción masiva de inteligencia artificial dentro de organismos públicos y empresas: qué ocurre con la información que los usuarios introducen en plataformas administradas por terceros.
La IA no puede decidir por un fiscal
Los lineamientos también establecen un principio central: la inteligencia artificial puede utilizarse como herramienta de asistencia, pero no debe reemplazar el criterio profesional ni la toma de decisiones jurídicas.
Esto implica que una respuesta generada por una IA no puede considerarse automáticamente correcta ni utilizarse sin supervisión humana.
El problema no es solamente jurídico. Los modelos generativos pueden producir información incorrecta, inventar referencias o presentar respuestas aparentemente convincentes que contienen errores.
Por eso, el nuevo marco pone el foco en la responsabilidad de las personas que utilizan estas herramientas.
El problema de los datos
La decisión del Ministerio Público Fiscal introduce además una discusión que probablemente se extienda a otras áreas del Estado argentino.
Miles de empleados públicos pueden acceder desde una computadora o un teléfono a herramientas como ChatGPT, Gemini o Claude. La facilidad de uso permite resumir documentos, redactar textos, analizar información o acelerar tareas administrativas.
Pero esa misma facilidad genera un riesgo: que documentos internos, expedientes, información personal o datos confidenciales terminen siendo introducidos en servicios externos.
Los nuevos lineamientos buscan establecer una frontera entre aprovechar las capacidades de la inteligencia artificial y proteger la información que administra el Estado.
Una discusión que recién empieza
La regulación interna del Ministerio Público Fiscal puede convertirse en un antecedente relevante para otros organismos públicos.
La pregunta ya no parece ser si el Estado argentino utilizará inteligencia artificial, sino bajo qué condiciones podrá hacerlo.
Y el desafío será encontrar un equilibrio entre productividad, seguridad de la información, protección de datos y responsabilidad humana.
