El problema no son las cámaras: es quién las usa, para qué y bajo qué controles

Las cámaras de Flock Safety se convirtieron en el nuevo símbolo del debate sobre vigilancia y privacidad en Estados Unidos. La empresa tiene más de 120.000 dispositivos desplegados, capaces de leer patentes y reconocer características de los vehículos para colaborar en investigaciones policiales. Pero su expansión también provocó protestas, vandalización de equipos y la cancelación de contratos en decenas de ciudades.

Las críticas no surgieron de la nada. Según informó Axios, existieron denuncias sobre agentes que utilizaron el sistema para realizar búsquedas personales, controlar manifestantes o acceder a información sin una justificación relacionada con una investigación. Para los opositores, estos antecedentes demuestran que las cámaras constituyen una herramienta de vigilancia masiva.

Sin embargo, esa conclusión confunde la tecnología con el comportamiento de quienes la administran. Una cámara que registra una patente no decide perseguir a una persona, investigar a un manifestante ni compartir información con otra agencia. Esas decisiones son tomadas por funcionarios, policías, autoridades políticas o responsables institucionales. La herramienta amplía sus capacidades, pero no determina sus objetivos.

El mismo sistema que puede ser utilizado incorrectamente también permite encontrar vehículos robados, localizar personas desaparecidas, investigar homicidios o reconstruir accidentes. Eliminarlo debido a los abusos cometidos por algunos operadores sería comparable con prohibir las bases de datos policiales porque un funcionario consultó información por motivos personales. El problema no es que la herramienta exista, sino que alguien pueda utilizarla sin autorización y sin enfrentar consecuencias.

Esto no significa que la tecnología sea completamente neutral. La forma en que se diseña determina qué información recopila, durante cuánto tiempo la conserva y quién puede consultarla. Por eso, las empresas también tienen la responsabilidad de incorporar límites técnicos que dificulten los abusos. Pero convertir cada uso indebido en una condena general contra la innovación impide discutir lo verdaderamente importante: las reglas, las auditorías y las responsabilidades humanas.

Ante la controversia, Flock anunció que reducirá de 30 a siete días el período recomendado de conservación de los datos. También exigirá que las búsquedas estén vinculadas con códigos de casos, incorporará sistemas para detectar consultas anormales y permitirá restringir accesos según el tipo de delito investigado. La empresa sostiene, además, que su sistema no utiliza reconocimiento facial y que cada consulta queda registrada. Estas medidas son relevantes, aunque deben ser verificadas mediante controles independientes y no aceptadas únicamente como promesas corporativas. Los cambios fueron detallados tanto por Flock Safety como por Associated Press.

La respuesta inteligente, entonces, no consiste en destruir cámaras ni en rechazar cualquier avance tecnológico. Consiste en exigir autorizaciones precisas, conservación limitada de los datos, registros inviolables de cada consulta, auditorías externas y sanciones para quienes utilicen el sistema fuera de sus funciones. Cuando se trata de investigaciones especialmente sensibles, también puede establecerse la intervención de un juez.

La discusión alrededor de Flock reproduce un fenómeno cada vez más frecuente: frente a un abuso, se acusa primero al algoritmo, a la cámara o a la inteligencia artificial. Esa reacción resulta cómoda porque desplaza la responsabilidad desde las personas hacia objetos que no pueden defenderse ni rendir cuentas.

La tecnología puede multiplicar tanto la capacidad de proteger como la capacidad de controlar. Pero detrás de cada utilización existe una decisión humana. El verdadero desafío no es detener las herramientas, sino construir instituciones capaces de gobernarlas y castigar a quienes las utilizan indebidamente. Sin esa distinción, terminaremos renunciando a soluciones valiosas mientras dejamos intactos a los responsables de los abusos.