La IA necesita instituciones globales: la oportunidad que Trump y Xi no deberían desperdiciar

La inteligencia artificial está dejando de ser solamente una industria para convertirse en una infraestructura de poder. Determina productividad, capacidad militar, seguridad informática, investigación científica y competitividad nacional. Sin embargo, la institucionalidad destinada a ordenar su desarrollo avanza mucho más lentamente que los modelos, los centros de datos y las inversiones. Esa distancia ya no es un problema técnico: es uno de los principales riesgos políticos y económicos de esta década.

Las propias compañías que encabezan la carrera admiten que los sistemas de frontera pueden generar daños catastróficos. OpenAI, Anthropic y Google DeepMind desarrollaron marcos para medir capacidades peligrosas y condicionar el despliegue de modelos, pero esos compromisos son diferentes entre sí, voluntarios y administrados por las mismas empresas que compiten por llegar primero. Las recientes advertencias de investigadores y episodios de comportamiento autónomo no autorizado refuerzan una conclusión incómoda: la autorregulación constituye una primera barrera, no un sistema suficiente de gobernanza.

El problema tampoco se resuelve mediante una acumulación de leyes nacionales. Un modelo puede entrenarse en un país, utilizar chips fabricados en otro, operar desde centros de datos distribuidos y llegar instantáneamente a usuarios de todo el planeta. Si cada Estado fija definiciones, evaluaciones y obligaciones incompatibles, las empresas afrontan más costos y menos previsibilidad, mientras las actividades de mayor riesgo pueden trasladarse hacia jurisdicciones con controles débiles. La falta de coordinación perjudica al mismo tiempo la seguridad y la competencia.

Washington, una oportunidad bilateral con alcance global

Donald Trump anunció que recibirá a Xi Jinping en Washington el 24 de septiembre y afirmó que la inteligencia artificial estará entre los temas de conversación. Al 10 de septiembre, China aún no había confirmado públicamente todos los detalles de la visita, por lo que la fecha debe presentarse como prevista y no como una agenda bilateral definitivamente cerrada. Reuters informó además que Xi prepara una delegación numerosa de empresarios chinos, un gesto inusual que busca reforzar las relaciones comerciales entre las dos mayores economías del mundo.

La reunión tendrá como antecedente inmediato la visita de Trump a Beijing de mayo. Allí participaron 18 ejecutivos estadounidenses, entre ellos Jensen Huang y Elon Musk, y ambos gobiernos establecieron mecanismos formales para administrar el comercio y la inversión. La agenda incluyó comercio, restricciones tecnológicas, seguridad internacional, Taiwán e inteligencia artificial, aunque no produjo un acuerdo específico de gobernanza tecnológica. Washington ofrece ahora la posibilidad de corregir esa ausencia.

El contexto es más difícil que cuatro meses atrás. Estados Unidos acusó recientemente a DeepSeek, Moonshot AI, Alibaba y otras compañías chinas de utilizar “destilación” para copiar a escala industrial capacidades de modelos estadounidenses. Beijing rechazó la denuncia, sostuvo que se trata de una técnica neutral y acusó a Washington de utilizarla para contener a sus competidores. Aun así, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino afirmó que ambas potencias deberían reforzar su cooperación en IA. Antes de la cumbre, los dos países también tienen previsto mantener un diálogo sobre riesgos de seguridad de esta tecnología.

Este desacuerdo demuestra por qué hace falta una institución y no sólo una declaración política. Estados Unidos y China no necesitan compartir modelos, secretos comerciales ni estrategias militares para acordar un piso común. Del mismo modo que las potencias rivales crearon mecanismos para reducir riesgos nucleares, pueden establecer canales de emergencia y reglas mínimas para incidentes con sistemas avanzados sin renunciar a competir.

Ya existen piezas, pero todavía no un sistema

La comunidad internacional no parte de cero. El Pacto Digital Global de Naciones Unidas impulsó un Panel Científico Internacional Independiente sobre IA y un Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA. Este último, coordinado por UNESCO y la Unión Internacional de Telecomunicaciones, celebró en julio de 2026 su primera reunión y busca incorporar las prioridades de todos los países, no solamente las de las potencias tecnológicas.

También existen los principios de la OCDE, el proceso iniciado en Bletchley Park, las cumbres de Seúl, París y Nueva Delhi, el Código de Conducta de Hiroshima del G7 y el International AI Safety Report. China, por su parte, promovió la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (WAICO), con una agenda que pone mayor énfasis en soberanía, desarrollo y reducción de la brecha tecnológica. Europa avanzó con una legislación obligatoria basada en riesgos, mientras Estados Unidos privilegia innovación, seguridad nacional y liderazgo empresarial.

El resultado no es un vacío absoluto, sino una fragmentación institucional. Hay principios, informes, cumbres, normas regionales y marcos empresariales, pero faltan protocolos interoperables, evaluaciones comparables y una capacidad permanente para actuar frente a incidentes transnacionales. La disputa también es conceptual: Occidente suele priorizar seguridad y derechos; China y numerosos países del Sur Global reclaman soberanía, acceso al cómputo y desarrollo. Una arquitectura viable deberá contener ambas dimensiones.

Cinco acuerdos posibles

El objetivo no debería ser crear un regulador planetario capaz de autorizar cada modelo. Ese diseño sería políticamente inviable y podría terminar consolidando el poder de los países y empresas que ya dominan la tecnología. La alternativa es una estructura gradual, semejante a una red de organismos especializados, con cinco funciones concretas:

Un umbral técnico común para los modelos de frontera. La obligación de evaluación debería activarse por capacidades verificables —por ejemplo, autonomía, ciberataques, asistencia biológica o autorreplicación— y no por el origen nacional de una empresa ni por una cifra rígida de cómputo.

Evaluaciones independientes y comparables. Laboratorios acreditados en distintas regiones deberían probar los modelos de mayor capacidad con metodologías comunes, protegiendo la propiedad intelectual y publicando resultados suficientes para que gobiernos, clientes e inversores conozcan los riesgos.

Un protocolo internacional de incidentes. Empresas y Estados deberían notificar rápidamente fallas graves, usos maliciosos, pérdida de control o filtraciones de modelos. Un mecanismo confidencial permitiría aprender de los episodios sin convertir cada reporte en una sanción automática o una ventaja para el competidor.

Líneas rojas limitadas y verificables. La primera negociación podría concentrarse en prohibir que la IA decida por sí sola el empleo de armas nucleares, proteger infraestructura crítica y establecer salvaguardas frente a la creación de agentes biológicos y ataques cibernéticos de gran escala. Un acuerdo estrecho tiene más posibilidades de cumplirse que un tratado que intente regular toda la tecnología.

Acceso y desarrollo para el Sur Global. La seguridad será políticamente sostenible sólo si viene acompañada por fondos, capacidad de cómputo, formación, transferencia de herramientas y participación efectiva de países que hoy son usuarios, pero no diseñadores de las reglas. Sin ese componente, cualquier régimen global será interpretado como una barrera destinada a congelar el liderazgo existente.

Gobernar para competir mejor

La institucionalización no debe plantearse como el freno de una tecnología peligrosa, sino como la condición para que la competencia sea sostenible. Las reglas compartidas reducen incertidumbre, evitan que las empresas responsables queden en desventaja frente a quienes omiten controles y permiten que gobiernos y mercados distingan innovación de improvisación. También disminuyen el riesgo de que un incidente aislado provoque una reacción política desordenada que paralice inversiones útiles.

La participación empresarial es indispensable, pero no puede reemplazar la decisión pública. OpenAI, Anthropic, Google, Nvidia, Microsoft, Meta, DeepSeek, Alibaba y otras compañías controlan conocimientos e infraestructura que los Estados necesitan comprender. Deben estar en la mesa como actores técnicos y económicos, no como los únicos árbitros de los límites que las afectan. La gobernanza requiere además universidades, organizaciones científicas, trabajadores y representantes de países sin grandes laboratorios propios.

Para la Argentina y América Latina, esta discusión no es distante. Las normas sobre evaluación, datos, propiedad intelectual, energía y acceso a chips definirán cuánto costará incorporar IA en gobiernos, empresas, salud, educación y seguridad. La región debería coordinar posiciones y exigir participación en los órganos científicos y políticos, en lugar de limitarse a adoptar estándares definidos en Washington, Beijing o Bruselas.

El encuentro del 24 de septiembre no producirá por sí solo un tratado global. Sí podría dejar tres resultados realistas: un diálogo bilateral permanente sobre seguridad de IA, un canal de comunicación para incidentes graves y el compromiso de llevar estándares técnicos compatibles al proceso de Naciones Unidas. Sería un comienzo modesto, pero institucionalmente decisivo.

Estados Unidos y China seguirán compitiendo por los mejores modelos, los chips más avanzados, la energía y los mercados. Pretender eliminar esa disputa sería ingenuo. El desafío consiste en impedir que la competencia derive en una carrera en la que cada actor se vea obligado a reducir controles por temor a quedar atrás. La IA necesita instituciones globales no para detener su crecimiento, sino para hacerlo viable, previsible y beneficioso. Trump y Xi tienen en Washington la oportunidad de transformar una rivalidad tecnológica en el primer acuerdo de convivencia de la era de la inteligencia artificial.