La ley brasileña de data centers abre una oportunidad que Argentina no debería dejar pasar

Brasil acaba de adoptar una decisión que tendrá consecuencias más allá de sus fronteras. Con la sanción de la Ley 15.504, creó el Régimen Especial de Tributación para Servicios de Data Center, conocido como Redata, y dejó en claro que la infraestructura informática será tratada como un activo estratégico para el desarrollo industrial, la economía digital y la inteligencia artificial.

La iniciativa debería ser observada con atención desde la Argentina. No porque corresponda copiarla de manera automática, sino porque plantea una discusión que el país todavía no resolvió: si quiere limitarse a consumir servicios digitales producidos en el exterior o construir capacidad propia para almacenar datos, operar servicios en la nube, realizar cómputo de alto rendimiento y entrenar modelos de inteligencia artificial.

Redata ofrece una respuesta concreta. La norma suspende tributos federales sobre la compra local y la importación de componentes electrónicos y equipos informáticos destinados a los proyectos. El beneficio alcanza al PIS/Pasep, Cofins, el impuesto sobre productos industrializados y el impuesto de importación. Cuando la empresa incorpora los bienes y demuestra que cumplió las obligaciones ambientales, energéticas y de inversión, la suspensión se convierte en una alícuota cero.

Sin embargo, el aspecto más interesante de la ley no es la rebaja impositiva, sino el contrato que Brasil propone a cambio. Las empresas deben destinar al menos el 10% de la capacidad instalada con los beneficios al mercado interno, abastecer toda su demanda eléctrica mediante fuentes renovables o de bajas emisiones y alcanzar un índice de eficiencia hídrica igual o inferior a 0,05 litros por kilovatio hora. 

También deben invertir en investigación, desarrollo e innovación el equivalente al 2% del valor de los bienes beneficiados mediante acuerdos con instituciones científicas, universidades u organizaciones especializadas.

La capacidad comprometida con el mercado local puede venderse o cederse gratuitamente a instituciones científicas y organismos públicos para desarrollar políticas, apoyar startups y fortalecer el ecosistema digital. Si una empresa no desea reservar esa capacidad, la ley le permite reemplazar la obligación por una inversión adicional equivalente al 10% del valor de los equipos beneficiados.

Además, Redata exige informes públicos de sostenibilidad, auditorías independientes y contempla la devolución de los impuestos, con intereses y multas, cuando las compañías incumplan las condiciones. Los incentivos tienen una vigencia de cinco años. Ese diseño contiene una lección central para la Argentina: un régimen de promoción de data centers no puede ser solamente una exención aduanera para importar servidores. Debe transformar el costo fiscal en infraestructura disponible, conocimiento local y capacidad tecnológica soberana.

La salida argentina no debería crear otro régimen como el RIGI ni en entregar beneficios permanentes sino una ley orientada a centros de datos, nube soberana y cómputo para inteligencia artificial. Ese instrumento debería reducir aranceles e impuestos para equipamiento que no se produce en el país, permitir amortizaciones aceleradas y garantizar reglas estables, pero únicamente para proyectos que cumplan metas verificables.

La primera condición tendría que ser reservar una parte de la capacidad beneficiada para la demanda nacional. Universidades, organismos científicos, startups y pymes argentinas enfrentan una barrera cada vez más alta para acceder a potencia de cómputo. Si el Estado renuncia a ingresos fiscales para facilitar una inversión, resulta razonable que una porción de esa infraestructura fortalezca al ecosistema local y no funcione únicamente como plataforma de exportación o enclave digital.

La segunda condición debería ser un aporte obligatorio a investigación y formación. Ese fondo podría financiar proyectos del CONICET, universidades, empresas tecnológicas y programas de capacitación de técnicos especializados. Los data centers generan menos empleo directo que otras industrias de inversión comparable, pero pueden producir un impacto mucho mayor si se integran con proveedores de software, ciberseguridad, refrigeración, energía, telecomunicaciones y servicios de inteligencia artificial.

La tercera condición debe surgir del mapa energético argentino. El país posee recursos renovables de enorme calidad, potencial de generación en diferentes regiones y capacidad gasífera para respaldar el sistema durante la transición. Pero los centros de datos demandan electricidad continua, conexiones robustas y obras que pueden competir con hogares e industrias por una red que todavía presenta limitaciones. Su radicación debería coordinarse con nueva generación y transporte eléctrico adicional, prometer energía limpia sin asegurar potencia firme y redes disponibles solamente trasladaría el costo al resto del sistema.

El agua requiere el mismo rigor. Copiar sin más el límite brasileño sería un error porque las condiciones climáticas y tecnológicas varían según cada región. Argentina debería establecer estándares por cuenca, exigir la publicación anual del consumo, priorizar sistemas de refrigeración de circuito cerrado o por aire y prohibir que un proyecto subsidiado agrave el estrés hídrico local. Patagonia, Cuyo, el NOA y el área metropolitana ofrecen ventajas y restricciones diferentes. Una regulación inteligente debe reconocerlas.

También será necesario un acuerdo entre la Nación y las provincias. Una exención nacional pierde eficacia si cada jurisdicción agrega cargas imprevisibles, pero la armonización fiscal tampoco puede convertirse en una carrera para determinar qué provincia resigna más recursos. Los incentivos locales deberían vincularse a inversión adicional, empleo calificado, infraestructura energética y conectividad, con información pública sobre el costo fiscal y los resultados obtenidos.

Los centros de datos son las fábricas de la economía digital. Allí se procesa la nube, se entrenan los modelos y se almacena una parte creciente de la vida económica y estatal. Argentina todavía está a tiempo de atraer esa infraestructura, pero debe hacerlo con una política que distribuya sus beneficios. Si el Estado aporta estabilidad y ventajas fiscales, las empresas deben aportar algo más que edificios llenos de servidores: energía nueva, conocimiento, cómputo accesible y desarrollo tecnológico argentino.