Por qué Argentina podría beneficiarse de un Consejo Nacional de Inteligencia Artificial

Mientras Estados Unidos, Europa y un número creciente de países de América Latina avanzan en la construcción de organismos especializados para orientar el desarrollo de la inteligencia artificial, Argentina sigue careciendo de una instancia institucional capaz de reunir a los actores que definirán buena parte de la competitividad económica, la seguridad nacional y la capacidad estatal de las próximas décadas.

La discusión sobre la Inteligencia Artificial suele quedar atrapada entre dos extremos. Por un lado, quienes la observan exclusivamente como una cuestión tecnológica. Por otro, quienes la reducen a un debate regulatorio. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que la IA se está convirtiendo en algo mucho más profundo: una infraestructura estratégica comparable a la energía, las telecomunicaciones o el sistema financiero. Cuando una tecnología adquiere esa dimensión, los países necesitan espacios permanentes de coordinación, planificación y anticipación.

Estados Unidos entendió rápidamente este desafío. Su National Artificial Intelligence Advisory Committee reúne a representantes de empresas tecnológicas, universidades, laboratorios de investigación y organizaciones de la sociedad civil para asesorar a la Casa Blanca sobre competitividad, innovación, seguridad y formación de talento. No se trata de un organismo regulador sino de una mesa de inteligencia estratégica donde convergen quienes construyen el futuro tecnológico del país. El 2 de junio, el presidente Trump reforzó este lineamiento con la firma de una Orden Ejecutiva que buscar aunar esfuerzos en torno a la IA entre el gobierno y el secor privado.

Europa avanzó por un camino diferente. El AI Act creó una arquitectura institucional integrada por organismos técnicos, científicos y políticos encargados de supervisar la implementación de la normativa, evaluar riesgos y coordinar posiciones entre los Estados miembros. El objetivo europeo no es únicamente impulsar la innovación sino garantizar que la IA se desarrolle dentro de un marco de confianza, transparencia y protección de derechos.

América Latina, aunque con menor nivel de institucionalización, también comenzó a recorrer este camino. México creó una Alianza Nacional de Inteligencia Artificial que integra academia, empresas y sector público. Uruguay conformó instancias de coordinación estatal y espacios de trabajo con el sector privado. Colombia incorporó mecanismos de gobernanza específicos dentro de su política nacional de IA. Brasil lanzó un plan nacional con fuerte participación de organismos públicos, universidades y empresas.

Argentina posee activos relevantes para convertirse en un actor importante de la economía de la Inteligencia Artificial. Cuenta con una comunidad científica reconocida internacionalmente, universidades de excelencia, un ecosistema emprendedor dinámico, empresas tecnológicas exportadoras y una ventaja cada vez más valiosa: abundancia de recursos energéticos capaces de alimentar centros de datos e infraestructura digital de gran escala. Sin embargo, esos activos permanecen fragmentados.

Hoy la conversación sobre Inteligencia Artificial ocurre en múltiples espacios aislados: empresas que desarrollan soluciones, universidades que forman talento, organismos públicos que experimentan con herramientas de IA, reguladores que analizan impactos y provincias que buscan atraer inversiones tecnológicas. Lo que falta es una instancia donde todos esos actores puedan construir una visión compartida.

Un Consejo Nacional de Inteligencia Artificial podría cumplir precisamente esa función. No debería ser un organismo burocrático ni una nueva estructura regulatoria. Tampoco un ámbito exclusivamente gubernamental. Su fortaleza debería surgir de la diversidad de sus integrantes y de la capacidad para producir consensos estratégicos.

De Estados Unidos debería tomar la integración público-privada y el enfoque orientado a la competitividad. De Europa, la capacidad de evaluar riesgos y construir estándares de confianza. De América Latina, la flexibilidad para articular ecosistemas y generar políticas de desarrollo adaptadas a las realidades locales.

La composición debería reflejar la complejidad de la transformación en marcha. Gobierno nacional, parlamento, provincias, universidades, centros de investigación, empresas tecnológicas, sectores productivos, sindicatos, especialistas en ética digital, organismos de defensa y expertos en infraestructura crítica deberían formar parte de la misma mesa.

Su misión también debería ser amplia. Identificar oportunidades de inversión, analizar riesgos estratégicos, proponer políticas de formación de talento, evaluar impactos laborales, impulsar estándares de uso responsable en el sector público y coordinar una visión nacional sobre infraestructura digital, centros de datos, energía y conectividad.

Su función más importante sería ayudar a pensar el largo plazo: la Inteligencia Artificial avanza a una velocidad que supera los tiempos tradicionales de la política y de muchas organizaciones. Las decisiones que hoy parecen técnicas —dónde construir centros de datos, cómo formar talento, qué estándares adoptar o cómo proteger infraestructuras críticas— tendrán consecuencias económicas y geopolíticas durante décadas.