OpenAI evalúa ceder hasta un 5% de la empresa al gobierno de Estados Unidos

La posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos se convierta en accionista de una de las compañías más influyentes del sector tecnológico mundial comienza a generar un intenso debate en Washington y en la industria de la inteligencia artificial.

Según información publicada por Financial Times y retomada por Axios, OpenAI estaría evaluando otorgar al gobierno estadounidense una participación cercana al 5% de la compañía. La propuesta aún se encuentra en una etapa preliminar y, de acuerdo con fuentes cercanas al proceso, no existe una decisión definitiva.

El planteo aparece en un momento especialmente sensible para la industria, ya que la administración de Donald Trump analiza cómo regular el despliegue de los modelos de inteligencia artificial más avanzados desarrollados por empresas privadas.

Un modelo para compartir las ganancias de la IA

Dentro de OpenAI consideran que la participación estatal podría convertirse en un mecanismo para distribuir parte de los beneficios económicos de la revolución de la inteligencia artificial entre la ciudadanía.

El director ejecutivo de la empresa, Sam Altman, ya había expresado previamente su interés en desarrollar esquemas de inversión pública vinculados al crecimiento del sector.

La idea contemplaría que otros laboratorios de IA también aporten participaciones similares, construyendo una suerte de fondo soberano tecnológico destinado a capturar parte del valor generado por la nueva economía de la inteligencia artificial.

Entre las alternativas analizadas aparecen mecanismos que permitan a los hogares estadounidenses acceder indirectamente a inversiones en compañías de IA, mediante cuentas de capital o instrumentos financieros específicos.

La iniciativa guarda relación con propuestas impulsadas por Anthropic, que recientemente defendió la creación de "cuentas universales de capital predistributivo" para beneficiar especialmente a trabajadores potencialmente afectados por procesos de automatización.

El dilema regulatorio

El eventual ingreso del gobierno estadounidense al capital de OpenAI coincide con otra discusión clave: el acceso al mercado de los modelos más poderosos de inteligencia artificial.

La Casa Blanca todavía define qué mecanismos regulatorios aplicará sobre las nuevas generaciones de sistemas avanzados, un proceso que Altman ha descrito públicamente como "no del todo óptimo".

En ese contexto, el CEO de OpenAI propuso esta semana la creación de un foro internacional liderado por Estados Unidos destinado a fijar estándares globales para la inteligencia artificial.

La propuesta podría interpretarse como un intento de separar las funciones regulatorias de la eventual participación financiera del Estado, reduciendo posibles conflictos de interés. Sin embargo, diversos actores del ecosistema tecnológico observan la iniciativa con escepticismo.

Inversores consultados por Axios consideran que la cesión accionaria podría funcionar principalmente como una estrategia política y de relaciones públicas destinada a mostrar que la sociedad también participa de los beneficios económicos de la IA, justo cuando crecen las preocupaciones por el impacto de esta tecnología sobre el empleo.

¿Beneficio público o maniobra política?

Las críticas apuntan a que una participación estatal podría alterar las condiciones de competencia entre laboratorios de inteligencia artificial. David Sherman, estratega de IA e inclusión financiera de io.net, calificó la idea como un "hito preocupante" al considerar que otorgaría a una empresa privada una validación política diferencial frente a sus competidores.

El especialista sostuvo que el verdadero problema continúa siendo el acceso a recursos computacionales, especialmente a GPUs avanzadas, cuyos precios y escasez representan hoy una barrera significativa para investigadores, startups y desarrolladores independientes.

El debate también ocurre en un contexto geopolítico marcado por la creciente competencia tecnológica con China. Sectores de la industria cuestionan si las restricciones regulatorias que Washington impone a los laboratorios estadounidenses podrían terminar erosionando su ventaja frente a compañías asiáticas, particularmente en la carrera por desarrollar sistemas de inteligencia artificial de frontera.

El antecedente Intel y el desafío legislativo

Los defensores de la propuesta recuerdan el caso de Intel, donde el gobierno estadounidense adquirió una participación accionaria cercana al 9,9% en el marco de la Ley CHIPS.

Según Axios, el desempeño bursátil posterior de Intel mostró resultados positivos, aunque analistas señalan que también estuvo impulsado por el fuerte crecimiento del sector de semiconductores. No obstante, replicar un mecanismo similar para empresas de inteligencia artificial requeriría probablemente la aprobación de una nueva legislación por parte del Congreso.

Además, persiste una cuestión central: definir cuál sería el objetivo estratégico de que el Estado posea acciones de laboratorios privados de IA.

Algunos expertos consideran que existen mecanismos más transparentes para distribuir los beneficios económicos generados por la inteligencia artificial. Entre ellos se mencionan impuestos específicos sobre ingresos del sector, esquemas de reparto de utilidades o incluso tributos vinculados al consumo de capacidad computacional.

El asesor en gobernanza de IA Kevin Bankston resumió esa postura con una frase contundente publicada en redes sociales: "Simplemente impongan impuestos". La discusión no es nueva. En 2017, Bill Gates propuso un impuesto a los robots y sistemas automatizados como mecanismo para compensar la eventual pérdida de empleos provocada por la automatización.

Mientras tanto, Altman sostiene que el principio rector debe mantenerse intacto: las empresas pueden desarrollar la tecnología, pero corresponde a los ciudadanos y a sus representantes electos definir las reglas bajo las cuales esa tecnología operará.

La posibilidad de que el Estado participe directamente del capital de OpenAI podría convertirse así en uno de los experimentos institucionales más ambiciosos de la economía digital contemporánea, aunque también en uno de los más controvertidos.