¿Puede Argentina negociar una tarifa pública para la inteligencia artificial?

Anthropic profundizó su ofensiva sobre el mercado gubernamental con un acuerdo que reduce un 40% el precio de Claude para organismos públicos de Estados Unidos. El beneficio comprende Claude Enterprise, Claude for Government y la API utilizada para integrar sus modelos de inteligencia artificial en sistemas propios.

La medida, anunciada el 27 de octubre, alcanza no solamente al gobierno federal, también incluye a administraciones estatales, locales, tribales y territoriales, sin compromisos mínimos de gasto y con facturación de acuerdo con el consumo efectivo.

El convenio ya puede utilizarse mediante el sistema de contratación de la Administración de Servicios Generales de Estados Unidos. Las compras directas están habilitadas, mientras que la aplicación del descuento a servicios contratados mediante proveedores de nube se incorporará durante los próximos meses.

Anthropic informó que alrededor de 500 organismos públicos estadounidenses ya utilizan Claude. La compañía también asegura que los usuarios activos semanales de Claude for Government se multiplicaron por ocho desde febrero y que su utilización en agencias civiles federales creció veinte veces durante el último año.

Su oferta compite con el programa de OpenAI para el gobierno estadounidense, que contempla la eliminación del cargo de plataforma y un descuento del 50% sobre determinados consumos de primera parte. La diferencia es que Anthropic confirmó expresamente la extensión de su beneficio a todos los niveles gubernamentales.

Cómo podría aplicarse en Argentina

Argentina dispone de una herramienta administrativa capaz de reproducir una parte importante del mecanismo: los acuerdos marco gestionados por la Oficina Nacional de Contrataciones. Mediante esta modalidad, la ONC puede seleccionar uno o varios proveedores y establecer un catálogo electrónico con precios y condiciones comunes. Los organismos nacionales pueden luego contratar los servicios incluidos sin repetir una licitación completa en cada dependencia.

La normativa permite acuerdos marco abiertos, el ingreso posterior de proveedores y una segunda etapa competitiva en la cual las empresas deben mantener o mejorar sus ofertas iniciales. Cuando existe un acuerdo vigente, su utilización resulta obligatoria para las entidades comprendidas, salvo excepciones justificadas.

En términos prácticos, la Jefatura de Gabinete podría solicitar a la ONC una licitación pública para crear un acuerdo marco de servicios de inteligencia artificial generativa. La convocatoria debería permitir la participación de OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, Amazon y proveedores nacionales, directamente o mediante representantes inscriptos en el Sistema de Información de Proveedores.

El Estado no tendría que elegir un único modelo para toda la administración. Podría establecer categorías diferenciadas para asistentes internos, programación, análisis documental, atención ciudadana, investigación, ciberseguridad y procesamiento masivo mediante API.

La segunda etapa competitiva permitiría que cada organismo solicite mejores condiciones según su volumen, sensibilidad de datos y necesidades técnicas. Así, una dependencia podría contratar un modelo económico para clasificar documentos y otro más avanzado para revisar sistemas informáticos o asistir en investigaciones complejas.

El principal beneficio para Argentina surgiría de negociar como un solo comprador. En lugar de que ministerios y organismos adquieran licencias de manera aislada, el Estado podría consolidar su demanda y exigir descuentos por volumen, precios máximos, soporte local y condiciones homogéneas.

Ya existen antecedentes de contratación pública de licencias, servicios de nube y soporte tecnológico por plazos plurianuales. También hay convenios interadministrativos para utilizar infraestructura de ARSAT, lo que demuestra que el problema no es la inexistencia de mecanismos contractuales, sino su adaptación a un servicio cuyo consumo puede variar permanentemente.

La contratación no podría evaluarse únicamente por precio. El pliego debería establecer dónde se procesan y almacenan los datos, si las conversaciones pueden emplearse para entrenar modelos, cuánto tiempo conserva la información cada proveedor y qué ocurre cuando finaliza el contrato.

También serían necesarias auditorías, registros de actividad, mecanismos de intervención humana y evaluaciones previas para usos que puedan afectar derechos ciudadanos. La guía de la Agencia de Acceso a la Información Pública recomienda realizar evaluaciones de impacto, proteger los datos personales y garantizar transparencia y explicabilidad durante todo el ciclo de vida de los sistemas.