Argentina enfrenta un desafío que puede definir su lugar en la economía de la inteligencia artificial: conseguir que las herramientas lleguen a las actividades donde se produce, se trabaja y se prestan servicios. La construcción de infraestructura puede abrir oportunidades, pero su impacto dependerá también de quién pueda utilizarla y con qué capacidades.
Funcionarios del Fondo Monetario Internacional y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos advirtieron, en declaraciones publicadas por Reuters el 22 de octubre, que países de menores ingresos, pequeñas empresas y trabajadores jóvenes corren el riesgo de quedar rezagados. Identificaron obstáculos en el acceso a energía, infraestructura digital y formación.
En su Estudio Económico de Argentina de 2025, el organismo destacó la presencia de talento digital y emprendimientos tecnológicos, especialmente en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Al mismo tiempo, señaló que la mitad de las empresas manufactureras tenía un bajo grado de digitalización y que el uso de servicios de computación en la nube quedaba por debajo de pares regionales y del promedio de la OCDE.
Ese antecedente describe un punto de partida desigual; no permite afirmar cuál es la tasa de adopción de IA en octubre de 2026. También muestra por qué disponer de empresas tecnológicas competitivas no garantiza que sus capacidades se extiendan al conjunto del aparato productivo.
Para una pyme, incorporar inteligencia artificial puede exigir mucho más que contratar una aplicación. Una implementación destinada a prever demanda, organizar inventarios o detectar fallas necesita información confiable, procesos definidos y personas capaces de revisar los resultados. Son ejemplos de usos posibles, cuyo beneficio debe comprobarse en cada empresa.
El riesgo para Argentina es que las organizaciones con mejores recursos aceleren sus procesos mientras otras encuentren dificultades para comenzar. Una política de adopción podría atender esa diferencia mediante asistencia técnica, capacitación y apoyo a pruebas acotadas, con objetivos medibles antes de ampliar el gasto.
En ese esquema, universidades, centros tecnológicos y cámaras empresariales podrían ayudar a identificar problemas compartidos por un sector. En lugar de proyectos aislados difíciles de sostener, podrían desarrollarse soluciones que varias empresas adapten a sus necesidades, conservando la protección de sus datos y la posibilidad de cambiar de proveedor.
El beneficio nacional de una inversión dependerá de su conexión con la economía que la rodea. Entre los indicadores relevantes aparecen la formación de proveedores, la investigación aplicada, el acceso de pymes y universidades y las mejoras efectivas en producción o servicios.
La dimensión laboral requiere una atención equivalente. La OCDE ya señalaba en su estudio de 2025 la necesidad de fortalecer habilidades básicas y digitales en Argentina, mejorar la articulación entre formación y demanda empresarial y ampliar el aprendizaje a lo largo de la vida.
Aplicado a la IA, ese enfoque supone enseñar a trabajar con datos, verificar respuestas y detectar errores. También exige preservar oportunidades de aprendizaje para quienes ingresan al mercado laboral. Una empresa que automatiza tareas iniciales necesita repensar cómo sus empleados más jóvenes adquirirán experiencia y criterio profesional.
El Estado puede contribuir mediante proyectos que permitan evaluar resultados: cuánto tiempo ahorra una herramienta, qué errores reduce, cuánto cuesta mantenerla y quién responde cuando falla. Para municipios y organismos con menos recursos, la cooperación entre instituciones podría facilitar capacidades que sería difícil desarrollar individualmente.
Argentina necesita medir esa transformación por tamaño de empresa, sector y territorio. Una agenda de IA orientada al desarrollo debería poder demostrar quién accede a la tecnología, qué mejora obtiene y qué barreras continúan excluyendo a otros.