2026: la agenda tecnológica que pone a prueba al Estado argentino

El desafío es doble: usar IA para mejorar el funcionamiento del Estado y, al mismo tiempo, construir un entorno confiable para atraer inversiones tecnológicas de escala, sin perder soberanía ni legitimidad social. El Congreso y el Poder Ejecutivo comparten esa responsabilidad.

Durante los últimos años, la inteligencia artificial ingresó al sector público argentino en forma de pilotos, pruebas y anuncios aislados. En 2026, el debate deja de ser si usar IA y pasa a ser cómo, para qué y bajo qué reglas.

En el Congreso ya existe un consenso incipiente sobre la necesidad de un marco normativo para IA, pero el riesgo es que la discusión se agote en una ley declarativa. El verdadero impacto estará en la reglamentación, en la autoridad de aplicación y en la capacidad de control.

Los principales desafíos son operativos:

• Compras públicas: sin criterios claros, el Estado corre el riesgo de quedar atado a proveedores cerrados, con soluciones opacas y difíciles de auditar.
• Gobernanza de algoritmos: inventarios de sistemas, evaluación de riesgos, trazabilidad de decisiones y mecanismos de supervisión humana.
• Calidad de datos: sin interoperabilidad ni estándares comunes entre organismos, la IA amplifica errores en lugar de corregirlos.

A esto se suma un punto crítico: la ciberseguridad. Cada sistema automatizado amplía la superficie de ataque del Estado. En 2026, la IA ya no puede pensarse sin seguridad por diseño, especialmente en áreas sensibles como salud, recaudación, justicia o políticas sociales.

Inversión extranjera: data centers, energía y confianza

La carrera global por infraestructura de IA coloca a Argentina ante una oportunidad inédita. Los anuncios y proyectos vinculados a grandes centros de datos y cómputo intensivo ponen al país en el radar de actores internacionales que buscan energía disponible, estabilidad regulatoria y escala.

Pero la magnitud de estas inversiones también eleva la vara:

• Infraestructura energética y de transporte adecuada y confiable.
• Reglas claras sobre datos, jurisdicción y cumplimiento legal.
• Impacto ambiental y territorial, con mecanismos de control y transparencia.
• Encadenamientos productivos locales, para que la inversión no funcione como un enclave aislado.

En 2026, el desafío político será pasar del titular optimista a contratos verificables: inversión real, empleo calificado, transferencia de capacidades y previsibilidad a largo plazo.

Hubs tecnológicos: talento hay, escala no

Argentina sigue siendo reconocida por su talento tecnológico. Sin embargo, el problema estructural persiste: la dificultad para escalar.

Los hubs locales —en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza y otras provincias— enfrentan límites claros:

• Falta de infraestructura digital de nivel internacional.
• Inestabilidad normativa que desalienta proyectos de largo plazo.
• Escasez de perfiles críticos para IA: datos, MLOps, ciberseguridad, gestión pública digital.

El régimen de promoción de la economía del conocimiento sigue siendo una herramienta clave, pero en 2026 el foco debería correrse del beneficio fiscal al impacto medible: exportaciones, empleo formal, federalización y vínculo con el sistema educativo.

Un año de definiciones

La agenda tecnológica de 2026 no admite medias tintas. Sin coordinación entre el Gobierno y el Congreso, el riesgo es conocido: judicialización, parálisis regulatoria y oportunidades perdidas.

Con reglas claras y capacidad de ejecución, el escenario es otro: un Estado más eficiente, inversiones de escala y hubs capaces de competir en la región.

La pregunta no es si la IA va a transformar al Estado y a la economía. Eso ya está ocurriendo. La pregunta es si Argentina va a ser protagonista o espectadora de ese proceso. En 2026, la respuesta empieza a escribirse en leyes, presupuestos y decisiones concretas.