La norma, que comenzó a aplicarse el 22 de enero de 2026, combina un esquema obligatorio basado en niveles de riesgo, fuertes exigencias de transparencia sobre contenidos sintéticos y una estrategia estatal activa para impulsar el desarrollo tecnológico. El objetivo declarado es posicionar al país entre las tres principales potencias globales en IA, según informó Reuters.

El modelo coreano se diferencia tanto del enfoque más laxo de Estados Unidos como del despliegue gradual de la Unión Europea. A diferencia del AI Act europeo, que se implementará por etapas hasta 2027, la ley surcoreana entra en vigor de forma plena desde ahora, convirtiendo al país asiático en un laboratorio regulatorio global que puede marcar estándares para otros mercados.
Uno de los pilares centrales es la clasificación de sistemas de “alto impacto”. La ley considera especialmente sensibles los usos de IA en áreas como salud y diagnósticos médicos, transporte, seguridad nuclear, producción de agua potable y servicios financieros, incluyendo scoring crediticio, evaluación de préstamos y procesos de selección laboral.
En todos estos casos, la norma exige supervisión humana obligatoria, la implementación de sistemas formales de gestión de riesgos, la posibilidad real de intervención humana en decisiones automatizadas y la capacidad de explicar el funcionamiento del sistema cuando sea requerido por las autoridades.

Otro eje clave es la transparencia obligatoria sobre contenidos generados por IA. La ley establece que todo material sintético que pueda confundirse con contenido real —como deepfakes, voces artificiales, imágenes, videos o textos generados por IA— debe estar claramente identificado. Para cumplir con esto, se habilitan mecanismos como watermarks visibles, metadatos, avisos auditivos o notificaciones explícitas al usuario.
Además, las personas deben ser informadas cuando interactúan con sistemas de IA en contextos sensibles, como créditos, empleo o servicios públicos.
El régimen sancionatorio prevé multas de hasta 30 millones de wones, equivalentes a aproximadamente USD 20.000, en caso de incumplimiento. No obstante, el gobierno estableció un período de gracia de al menos un año para que empresas, plataformas y desarrolladores puedan adaptarse antes de que comiencen a aplicarse sanciones de manera plena, según detalló Reuters.

A diferencia de marcos puramente restrictivos, la ley combina regulación con una estrategia activa de desarrollo tecnológico. El Estado surcoreano impulsará programas de investigación y desarrollo en IA, inversiones en infraestructura de cómputo y datos, apoyo específico a startups y pymes tecnológicas, y la creación de organismos públicos dedicados a la supervisión y construcción de confianza en sistemas de IA.
La intención es evitar que la regulación se transforme en un freno estructural y, al mismo tiempo, consolidar a Corea del Sur como referente global.
Sin embargo, el sector emprendedor expresó preocupaciones. Startups y empresas tecnológicas advirtieron sobre los costos de cumplimiento, la amplitud de la definición de “alto impacto” y el riesgo de que la ambigüedad regulatorialleve a estrategias excesivamente conservadoras que frenen la innovación. El propio gobierno reconoció estas tensiones y dejó abierta la posibilidad de ajustes regulatorios durante el período de implementación.

Para Argentina y América Latina, el movimiento de Corea del Sur anticipa un escenario de fragmentación regulatoria global. Esto implica que los estándares de etiquetado, transparencia y supervisión podrían convertirse en requisitos internacionales de facto.
También significa que exportar servicios basados en IA puede exigir cumplir con múltiples marcos regulatorios, como los de la Unión Europea, Corea del Sur y futuros esquemas locales. En la práctica, el avance coreano no solo regula: empieza a definir cómo podría gobernarse la IA a escala global.
Fuente: Reuters (2026)